NADIE puede dudar acerca del alcance masivo que han adquirido los medios de comunicación (gráfica, auditiva y audiovisual) tal vez como resultado de lo que el historiador Erick Hobsbwanm alguna vez denominó el Nuevo siglo, en el cual una nueva clase de hombre se presentaba en sociedad, el homo globalizatus.
Pero la globalización de las comunicaciones no solo permite que todos y todas tengamos la información en tiempo real e inmediatamente, lo que representaría el aspecto positivo, sino que también puede transformarse en algo perjudicial para la sociedad. Máxime si en el análisis, a esa palabra globalización le agregamos el adjetivo mediática y si consideramos la realidad de nuestro país, donde en la práctica real y concreta un gran monopolio (disfrazado de oligopolio desde que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó operativa) concentra la mayor porción de receptores radiales y televisivos (de aire y cable) y tiene también gran porción de lectores de sus productos de gráfica. Aunque este cuadro de situación no solo se manifiesta en Argentina, sino que existen otros ejemplos claros, tanto a nivel regional (Brasil y su “Rede O Globo” y su revista “Veja”) como continental (Estados Unidos y su “CNN”).
Hasta aquí no habría ningún perjuicio grave hacia la sociedad, pero la situación se modifica cuando desde la mayoría de los canales de nuestro país se centra la atención en lo que ha sucede en el programa de Marcelo Tinelli, apartando al televidente de la realidad social circundante.
En programas como los que se emiten por los aludidos canales, se habla de los bailes del caño, de la falta de entonación y errores en presentaciones que son juzgadas por alguna reconocida vedette ya entrada en años -y carnes-, por el “ofendido” y “perseguido” Aníbal Pachano, o por quien pueda circunstancialmente ocupar ese sitial de histeria mediática, ocupando así, el único espacio de descanso y recreación (para los que pueden hacerlo) en repetir y machacar el contenido de dicho programa sin dejar tiempo para el análisis de nuestra realidad social. El ejemplo de Tinelli es solamente eso, no es mi intención transformar a este conductor “exitoso” (¿realmente se merece este calificativo?) en un referente o paradigma de conductor televisivo, sino más bien como fenómeno social que ha aparecido NO CASUALMENTE en nuestra sociedad.
Cierto es también, que durante la década del noventa, el ejemplo no era Marcelo Tinelli, sino Mauro Viale y el show de los mediáticos era mucho más deplorable. Tal vez en ese sentido, nuestra sociedad ha evidenciado un pequeño avance. Aunque tal vez sea solamente por una cuestión de medición de audiencia. Y ciertamente con esto solo, NO ALCANZA.
Insisto en esta idea personal: lo referido socava de tal manera a nuestra sociedad, que no deja tiempo para el análisis real de la sociedad en que vivimos a diario. Porque desde el mismo monopolio, aunque en diversos horarios y sus repeticiones, se produce la primera de las consecuencias sociales que paralelamente genera la tinellización, esto es la producción comunicacional de verdaderos sofismas mediáticos (según la RAE, un sofisma es: “Razón o argumento aparente con que se quiere defender o persuadir lo que es falso” y en ese único sentido deseo que sea entendido).
Estos sofismas, presentados con clara intencionalidad socio-política, generan la segunda consecuencia, cuando llegan a los destinatarios: los paralogismos masivos (según el Diccionario Enciclopédico Abreviado de la editorial ESPASA-CALPE S. A., un paralogismo es una: “…argumentación errónea, debida simplemente a ignorancia” y en ese único sentido deseo que sea entendido). Para evitar las susceptibilidades debido al uso de los términos que en este ensayo empleo, debo explicar que con el término ignorancia, entiendo tanto la falta de ciencia, como de letras y de noticias, en general o en particular (a propósito de este análisis, debe resaltarse la palabra “noticias”).
De esta manera, lejos de favorecer el análisis y por qué no un serio debate de ideas en torno a la realidad social y política de nuestro país, parte del pueblo tinellizado se dedica a discutir si Aníbal Pachano recibe o no recibe del Gobierno los remedios que necesita para tratar su enfermedad, si tal vedettonga se acostó con tal o cual jugador de fútbol, los últimos cruces verbales entre Moria y Graciela, o la filmación no autorizada de la nueva ganadora del bailando comiéndose un pancho con poncho en el camarín o en algún otro lugar.
Me he referido a los sofismas mediáticos y lo que considero su inmediata consecuencia, los paralogismos masivos, pero bien podría haberme referido a las “zonceras argentinas” (en este caso renovadas) en clara alusión al libro de Don Arturo Jauretche, pero como no es mi intención ahondar ni en el libro de Don Arturo, ni en el libro del actual senador nacional Aníbal Fernández (que también ha escrito al respecto, pero acerca de las “nuevas zonceras”, en su libro “Zonceras argentinas y otras yerbas”), creí más acertado centrar el análisis de la realidad virtual generada desde esa gran usina de opiniones publicadas que son los medios de comunicación. Esto es así, ya que personalmente considero que así como una gran parte de nuestra sociedad se encuentra tinellizada, otra parte repite constantemente el discurso noticioso que baja bailando a diario desde el monopolio, sin detenerse en el análisis serio del mensaje que es emitido como reflejo de lo real.
Algunos de los ejemplos que considero más relevantes de este grupo de paralogismos masivos son los siguientes: “NOS ESTÁN MATANDO A TODOS” (Cuando desde nuestra provincia asistimos la repetición de la misma noticia de la Sra. que en Santa Fé y Callao es asaltada y asesinada. Tal vez nunca conoceremos esas calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ya nos ingresó la noticia de la inseguridad y por un sentimiento lógico de solidaridad de especie, nos sentimos parte de ese episodio de inseguridad); “EL CAMPO SOMOS TODOS” (Ni vale la pena detenerse en el análisis de este ejemplificador sofisma mediático); “LA PRESIDENTE GENERA DIVISIÓN EN NUESTRO PAÍS” (Primero, el término correcto para aquella mujer que preside es Presidenta, ya que el término presidente puede ser el participio activo del verbo presidir (por ejemplo: la dama presidente del jurado) pero también está aceptado como sustantivo, con forma masculina y femenina (Presidenta). El uso del término Presidenta como femenino del sustantivo Presidente está aceptado por la Real Academia Española, autoridad máxima del idioma español, y por diccionarios y libros de uso correcto del español escritos por autores de renombre tales como Moliner, Gómez Torrego, Seco, etcétera; segundo, nadie que conviva en sociedad, puede negar la presencia de la política como instrumento de construcción o destrucción de lo social y que debido a ello, la política es precisamente un constante desarrollo de posiciones basadas en un claro antagonismo (entendido este término como “contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, especialmente en doctrinas y opiniones”); “EL INDEC GENERA INFLACIÓN” (Nada más desacertado, porque el índice es solamente eso, como dice la RAE: “Expresión numérica de la relación entre dos cantidades”, de tal manera que refleja dicha expresión numérica, no la genera); “ES NECESARIO REDUCIR EL GASTO PÚBLICO” (Entendiendo como gasto la utilización del dinero público para atender necesidades urgentísimas de quienes se encuentran totalmente afuera del sistema y para quienes un subsidio genera como consecuencia inmediata la vida); “HAY QUE EVITAR CONFRONTAR, ES NECESARIO EL DIÁLOGO” (Cabe lo mismo que he dicho respecto al antagonismo). Lo que hay que evitar, no es la confrontación de ideas, sino la falta de ella. Del mismo modo, para quienes profesan la tolerancia y el diálogo permanentes, sería muy productivo que comenzasen por tolerar nuestra forma democrática de gobierno y tratar de dialogar con sus potenciales votantes a fin de convencerlos con propuestas de administrar la cosa pública mucho más superadoras que las existentes. El requerido dialogo no se puede entender como una modificación del rumbo de las políticas públicas instrumentadas en base a un claro y documentado convencimiento ideológico. Para modificar ese rumbo, en nuestro sistema político tenemos el voto secreto y universal; “ARGENTINA ESTÁ AISLADA DEL MUNDO” (Como ejemplo en este caso, sirva un hecho inédito en la historia argentina: recientemente hemos puesto en órbita el ARSAT-1, primer satélite geoestacionario argentino de comunicaciones, lanzado exitosamente desde la base de Kourou, en Guayana Francesa el jueves 16 de octubre de 2014, debiéndose resaltar que tanto el ARSAT-1, como el ARSAT-2 y el ARSAT-3, que conforman el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT) han sido diseñados, construidos y tendrán su base de operaciones en nuestro país.
De esta manera, nos hemos convertido en uno de los pocos países del mundo que desarrollan satélites geoestacionarios y somos el único país que en Sudamérica construye satélites de Telecomunicaciones que brindarán servicios de Telefonía, Datos, Internet y Televisión, junto a Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, Francia e Italia.
En el análisis del porqué de esta tinellización de los medios podríamos argumentar que no es más que la repetición de lo que Don Arturo Jauretche, J. J. Hernández Arregui, el colorado Ramos y tantos otros pensadores del campo nacional y popular denominaban la batalla cultural que hay que entablar contra el poder económico, que a veces se concentra en grupos locales poderosos, pero que en definitiva responde a intereses foráneos. No nos olvidemos que durante el 2.001 se escuchó la célebre frase que se vayan todos, como una berreta aplicación local del pensamiento de Francis Fukuyama denominado el fin de las ideologías expresado en su libro “El fin de la historia y el último hombre”, ejemplo claro de verdadero sofisma político internacional.
jueves, 6 de noviembre de 2014
LA TINELLIZACIÓN DE LOS MEDIOS Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES
lunes, 5 de diciembre de 2011
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE REAFIRMAN SU SOBERANÍA POLÍTICA (por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 04/12/11. Para ver el link corto:http://bit.ly/uFyP3X
La reciente fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la cual forman parte treinta y tres países de nuestro continente a excepción de Canadá y Estados Unidos, no debe entenderse como un suceso aislado. Ni siquiera es una actitud de irreverencia hacia un poderoso país que a lo largo de su historia se ha vanagloriado de ser el país de las oportunidades y libertades individuales.
Lo que sucedió en Venezuela es sin dudas parte de un proceso pensado por nuestros libertadores hace muchísimo tiempo, pero que solamente pudo ser iniciado y salir de la teoría hacia la práctica durante aquellas históricas jornadas de los días 4 y 5 de noviembre de 2005, cuando en la IV Cumbre de las Américas celebrada en nuestro país, en Mar del Plata, los países de Latinoamérica le dijeron NO al proyecto ALCA impulsado por el ex Presidente George W. Bush.
En esa oportunidad, en su discurso inaugural como anfitrión del encuentro, el ex Presidente argentino Néstor Kirchner, entre otras cosas, manifestó lo siguiente: “Crear trabajo decente, cómo hacerlo de la mejor y más eficaz manera, está en la clave del debate sobre cuáles son los mejores caminos para lograr un desarrollo sustentable que garantice el bienestar de nuestros pueblos, vinculado con los atributos de la libertad, la justicia, la seguridad y la protección. La creación de trabajo no sólo es un fundamental vehículo de integración social, sino que puede constituirse en la verdadera clave de la construcción de la gobernabilidad. En la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño que las nuevas políticas que la situación exige, no puede estar ausente la discusión respecto de si aquéllas habrán de responder a recetas únicas con pretensión de universales, válidas para todo tiempo, para todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el Consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente, en general, y nuestro país, en particular, es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame”. Y claramente marcó un rumbo…
LA CONSOLIDACIÓN DEL RUMBO
Los ciudadanos de los países integrantes de la CELAC, hoy participamos de la consolidación del rumbo marcado por Néstor Kirchner. Y esto se reflejó en los discursos de cada uno de los mandatarios que asistieron a la Cumbre fundacional.
Nuestra Presidenta hizo referencia a la necesidad de aumentar el comercio intrazona (o sea el comercio entre países de la misma región) como mecanismo para evitar la reprimarización de las exportaciones y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Y sabido es que, sin trabajo no existe inclusión social. Y sin inclusión social, hay crisis social. Además, exhortó a sus pares para que este tipo de encuentros no signifiquen meras “catarsis” de los problemas regionales sin generar los apropiados mecanismos de soluciones. Reclamó instrumentos, políticas concretas, alianzas muy fuertes, que no sean solamente en el campo económico, sino también en el campo de lo político.
La Presidenta de Brasil habló de construir prosperidad en conjunto con todos los países de la región y de una estrategia basada en sacar a millones de ciudadanos de la pobreza, no solamente como un imperativo ético, sino también como condición para darle sustentabilidad al propio desarrollo.
Ambas mandatarias se refirieron al gran tamaño económico que tiene la CELAC como potencial mercado de consumidores de bienes y usuarios de servicios utilizando el término “apetecible” y reclamaron una integración productiva para no repetir errores de un pasado lleno de despojos.
RUPTURA DEL ACTUAL CONTEXTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Todo indica que este hecho histórico generará un verdadero giro copernicano en las relaciones internacionales de este lado del mundo, ya que con el tiempo, no solo se sustituiría la actual estructura de la Organización de Estados Americanos (OEA) por una nueva estructura (sin Canadá ni Estados Unidos), sino que principalmente se pondría en funcionamiento un nuevo paradigma político regional.
En un Continente que de a poco se aleja de la unipolaridad (encarnada en el poder hegemónico de Estados Unidos y sus recetas económico-políticas) y cada vez más se acerca a la multipolaridad que reclama el mundo actual, la reciente creación de la CELAC es sin dudas un signo de madurez regional.
Es de esperar entonces, que la tan ansiada integración Sur-Sur logre consolidarse en la región, no como una opción al actual contexto internacional, sino como la reivindicación histórica de todos aquellos que, como Néstor Kirchner, han ofrecido hasta su propia vida en favor de una lucha que ya lleva más de doscientos años.
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD -Segunda Parte- (por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 21/11/11. Para ver el link corto:http://bit.ly/s3jOVE
I. MODIFICACIÓN EN LA ACTUAL LEY DE MINISTERIOS. El Ministerio de Seguridad es la herramienta ideal para lo propuesto.
II. ESTRUCTURA DEL MINISTERIO. Desaparece la Secretaría de Seguridad y se crea una nueva Secretaría, denominada “Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social”, que absorbe la estructura de la anterior Secretaría. De dicha Secretaría deberá depender la actual Subsecretaría de Políticas Criminales y Servicio
Penitenciario.
III. CREACIÓN REAL DE LA POLICÍA JUDICIAL. Dicha fuerza, deberá depender jerárquicamente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y deberá tener a su cargo la investigación de los delitos. Por ello, deberá realizarse una inversión presupuestaria importante para colocar a dicha dependencia policial en condiciones de cumplir eficazmente su labor. Asimismo, deberá reformarse el Código Procesal Penal de la Provincia e instaurarse el sistema acusatorio pleno, otorgándole al Ministerio Público Fiscal la instrucción penal.
IV. CREACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL COMUNITARIA. Dicha fuerza, deberá depender jerárquicamente de cada Gobierno Municipal. Esta policía se encargará especialmente de temas tales como: violencia contra menores y jóvenes, problemas en establecimientos educativos, violencia familiar y de género, violencia en comunidades de pueblos originarios, violencia racista u homofóbica, accidentes de tránsito en el ejido municipal y contravenciones. Los integrantes de este cuerpo, serán los policías que actualmente integran la fuerza policial en cada uno de los municipios y aquellos que ingresen como representantes directos de determinadas comunidades (ej: los pueblos originarios tendrán su propia policía municipal comunitaria, compuesta por integrantes de dicha comunidad). La jerarquía de la fuerza será elegida por los miembros del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Los integrantes de esta fuerza trabajarán en colaboración directa con la Policía de la Provincia de Salta en cuanto les sea requerida ayuda.
V. CREACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. En dichos Consejos, deberán estar representados los diversos sectores de la sociedad, a saber: a) Cultos religiosos; b) Entidades de la sociedad civil y ONG´s; c) Colegios profesionales; d) Comunidades originarias; e) Comunidades de extranjeros residentes en el municipio; f) Instituciones educativas; g) etc. Estos Consejos, que elegirán los cargos jerárquicos de la Policía Municipal Comunitaria, además actuarán con funciones consultivas y deliberativas, de articulación, información y cooperación entre todas las entidades que, en el ámbito municipal, intervengan o estén interesadas en la prevención del delito y mejora de la seguridad de la población. La legislación de creación de estos Consejos deberá ser municipal. Debe preverse una partida presupuestaria especial de parte del Gobierno Provincial destinada a mantener los Consejos municipales (podrá recurrirse a créditos internacionales brindados por organismos de financiamiento internacional tales como el BID).
VI. CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Serán cuatro: Norte; Sur; Oeste; Este. La legislación de creación de estos Consejos deberá ser provincial.
VII. Ambos Consejos, deben ser presentados como instancias autónomas de fiscalización del Poder Público (representado por la Policía y la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social), por ello, deberán contar con una representativa participación civil dentro de la comunidad. Cualquier intención de vincular políticamente a los Consejos con los gobiernos (municipales o provincial) debe ser inmediatamente rechazada.
VIII. CREACIÓN DE UN CENTRO UNIFICADO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA. Dicho organismo, deberá depender jerárquicamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del Gobierno Provincial, y servirá para interconectar los datos de los diferentes municipios en cuanto a violencia y criminalidad, con el objetivo de elaborar diagnósticos luego de identificar problemas de seguridad pública en cada municipio y formular propuestas de solución por medio de la implementación de las políticas públicas adecuadas. Es de mucha importancia la divulgación de estos datos entre la comunidad municipal, para que los ciudadanos tengan conciencia acerca de la dinámica que adopta la violencia en su municipio y para que al estar informados acerca de la naturaleza e incidencia de los delitos, puedan tomar precauciones y pensar en iniciativas públicas e integradas.
IX. Utilización del sistema 911 de manera coordinada con el Centro de Investigación y Estadísticas sobre Seguridad Pública.
X. FINANCIACIÓN. “Programa para mejoras de la Gestión Municipal”. Operatoria N° 1855/OC-AR Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD -Primera Parte- (por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 21/11/11. Para ver el link corto:http://bit.ly/vrCmt4
I. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Las fuerzas de seguridad, en la tarea diaria de prevención de la violencia deben tener un total respeto por los Derechos Humanos, como elemento fundamental de una sociedad organizada. La legalidad constitucional debe ser la base de tal razonamiento. Asimismo, en la actualidad, los ciudadanos deben tomar conciencia de la importancia de su participación directa en las tareas de prevención.
II. AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD. El Municipio debe ser la primera institución en prevenir la violencia y la criminalidad, pues es allí donde los ciudadanos residen, es allí (al Municipio), adonde los ciudadanos acuden en procura de seguridad. No obstante, la autonomía no debe significar aislamiento, sino que deben articularse acciones entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. La Seguridad pública no es un problema exclusivo del Gobierno Provincial, sino que por el contrario, la primera solución debe buscarse en cada Municipio.
III. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EXCEDE LA ACTUACIÓN POLICIAL. Es sumamente injusto imaginar que solamente los policías pueden solucionar los problemas de seguridad pública. Es necesario coordinar acciones en red entre todos los actores de la comunidad.
IV. COMPRENDER QUE EXISTE UNA DIVERSIDAD DE SITUACIONES DELICTIVAS. No ocurren los mismos crímenes ni con el mismo grado de violencia en todas las comunidades. Cada comunidad debe tener su propio sistema de prevención.
V. RED DE ACTORES COMUNITARIOS. Los problemas de inseguridad, surgen dentro y afectan a los diversos sectores que existen en la comunidad. Por ello, dichos actores deben involucrarse directamente en procura de su solución.
VI. BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS UNIFICADA Y ACTUALIZABLE. Es imprescindible a la hora de elaborar un diagnóstico correcto referido a la clase y magnitud de problemas de seguridad pública a los que cada comunidad se enfrenta.
VII. LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD NO DEBE OBEDECER EXCLUSIVAMENTE A CRITERIOS IDEOLÓGICOS NI DOCTRINARIOS. La ideología que oriente toda política pública de seguridad (principalmente en cuanto al respeto irrestricto por los Derechos Humanos) es muy importante, pero los resultados obtenidos en cuanto a la reducción del crimen y la violencia (por medio de evaluaciones, investigaciones y monitoreos sistemáticos) deberán igualmente orientar este tipo de políticas públicas.
VIII. EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. Solamente se lograrán a través de una adecuada asignación de recursos económicos y técnicos.
IX. SE DEBE INVERTIR MÁS EN LA PREVENCIÓN Y MENOS EN LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS. El estudio conocido como “Perry Project”, aplicado en Ypsilanti -Michigan, EEUU- y que consistía en un programa de desarrollo de habilidades cognitivas, inteligencia y frecuencia en el nivel pre escolar, demostró que por cada dólar invertido en prevención al crimen, la sociedad economiza siete dólares en el largo plazo. Farrington¬ cita un estudio con la estimativa de un total de 60 mil millones de libras de daños mensurables con el crimen en Inglaterra y Gales en 1999. El Banco Interamericano de Desarrollo, ha estimado que el costo de la violencia en América Latina es igual al 14,2% del PBI o a 168 mil millones de dólares (Londoño y Guerrero, 1999). Un estudio de Sansfaçon y Welsh (1999) calculó que los beneficios derivados de las inversiones que estimulen el desarrollo de los niños y de los jóvenes y que amparen a las familias en la reducción del crimen varían de US$ 1,06 a US$ 7,16 por cada dólar gastado. Demostraron también, que las acciones direccionadas a la reducción de las oportunidades de victimización producen un retorno de entre US$ 1,83 a US$ 7,14 por cada dólar invertido . Un amplio estudio que realizó 400 investigaciones sobre la relación costo/beneficio de los programas de prevención en EEUU y Canadá en los últimos 25 años fue desarrollado por Aos et al (2001) y demostró que algunos programas preventivos pueden garantizar un retorno de hasta 20 dólares en beneficios derivados de la reducción de la criminalidad por cada dólar invertido . En 1992, los norteamericanos gastaron más de 93 mil millones de dólares en mantenimiento de su sistema de justicia criminal . Estudios de 1990, estiman en 450 mil millones de dólares los daños personales de las víctimas de crímenes y los gastos públicos efectuados con ellas.
X. RUPTURA DEL MODELO CLÁSICO DE SEGURIDAD CONCEBIDA COMO MÁS REPRESIÓN POLICIAL Y MÁS PRISIONES. Es necesario evolucionar hacia el modelo de “Actuación policial orientada a la solución de problemas”, creado por el Prof. norteamericano Herman Goldstein. En este modelo, los policías son capaces de identificar los problemas de seguridad pública que afectan a la comunidad en la cual desarrollan sus tareas y al tener mayor grado de autonomía y un contacto directo con la comunidad, superan dichos problemas de manera mucho más rápida, eficiente y eficaz.
XI. LA COMUNIDAD DEBE RECUPERAR EL PODER QUE HA PERDIDO. Si la ciudadanía siente que puede ser víctima de la inseguridad, no sale de su casa. Ese cuadro de situación beneficia a los delincuentes, pues se encuentran sin gente en las plazas, sin gente caminando de noche y aprovechan esa especie de “situación liberada” para la comisión de delitos. Esto, tiene inclusive incidencias en el plano económico, pues si las personas de determinado barrio o municipio viven con miedo a la delincuencia, tendrán intención de mudarse de allí. Consecuentemente, los inmuebles de ese lugar se desvalorizarán. En el aspecto turístico, se recibirán menos visitantes y habrá considerables pérdidas económicas. Por ello, los ciudadanos deben recuperar su participación activa en la vida pública, pues eso les devolverá el poder perdido. Es imperioso que toda la comunidad participe de la prevención y persecución del delito. Solo así, la comunidad recuperará su poder.
XII. LA CRIMINALIDAD SE DISTRIBUYE ESPACIALMENTE EN UNA MISMA CIUDAD DE FORMA MARCADAMENTE DESIGUAL. Esto no solamente se refiere a la diferencia entre los barrios más carenciados y los más pudientes, sino que también se presenta en aquello que los ingleses denominan los “hot points” (en español: puntos calientes). En estos lugares, la tarea preventiva debe ser decididamente más acentuada. Además, en todo el mundo, el 10 % de los infractores están involucrados en el 50 % de los crímenes y el 10 % de los lugares conforman el ambiente propicio para la comisión de cerca del 60 % de las infracciones. En este sentido, adquieren una marcada relevancia los denominados “mapas de conflictividad” (como el que existe en nuestra provincia y se elabora a partir del sistema 911), tendientes a determinar cuáles son ésas zonas que requieren una mayor presencia.
XIII. DEBE TRABAJARSE MÁS PROFUNDAMENTE EN “PREVENCIÓN SITUACIONAL”. Gran parte de los crímenes comunes (en especial delitos contra la propiedad), son cometidos por los delincuentes en circunstancias percibidas como favorables. Por ello, la comunidad (a través de la Policía Municipal Comunitaria) debe mostrar su presencia permanente, con el fin de eliminar dichas circunstancias favorables o reducirlas a su mínima expresión.
XIV. EL SISTEMA MUNICIPAL DEBE “MODERNIZARSE”. Esto significa que con la creación de las Policías Municipales Comunitarias, los municipios deberán adecuar sus estructuras administrativas a fin de poder hacerse cargo de la seguridad pública. En cuanto a los recursos financieros necesarios, los municipios podrán articular con actores de la sociedad civil (ej: en Brasil, los intendentes reciben el apoyo económico de los empresarios y comerciantes de la ciudad, para poder financiar la denominada Guardia Municipal) para poder desarrollar sus planes estratégicos de seguridad pública municipal, o inclusive, el Gobierno Provincial podrá intentar la obtención de financiamiento internacional, mediante programas del Banco Interamericano de Desarrollo tales como el “Programa para mejoras de la Gestión Municipal”, Operatoria N° 1855/OC-AR Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que la provincia de Salta ha recurrido recientemente.
domingo, 20 de noviembre de 2011
¿BRASIL CONSOLIDA SU IMPUNIDAD? (por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 20/11/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/vvBJl6
Es muy doloroso enterarse que un ser querido está enfermo. Mucho más si se trata de un hermano. Por eso, me siento triste. Mis hermanos brasileños sufren la peor de las enfermedades que puede atacar a una sociedad: LA IMPUNIDAD SISTÉMICA. O sea, aquella que como consecuencia de un conjunto de actos (complicidades, falsedades, mendacidades, deserciones ideológicas) relacionados entre sí ordenadamente contribuye a la obtención del objeto deseado: la falta de justicia.
Esto es así porque según indican sus principales medios informativos, Brasil sancionaría en los próximos días dos leyes que si bien dan cumplimiento parcial a la sentencia de condena que en 2.010 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dichas normas han sido elaboradas de acuerdo a lo que indicaba “la agenda política” que oportunamente le había marcado a la Presidenta Dilma Rousseff el Poder “real” brasileño (militar, mediático y económico).
BOTÓN DE MUESTRA
Aún conservo en mi poder el número correspondiente al día 5 de enero de este año de la revista brasileña Veja (cuatro días después de la asunción de Rousseff) de editorial Abril, donde aparece una editorial bajo la forma de Carta al lector titulada “Veinte años de democracia plena”. Allí, se hace mención al “trabajo difícil” que encararía la inédita Primera Presidenta, quien debería “arremangarse y comenzar a emprender las políticas y reformas necesarias para superar los obstáculos que separan a Brasil del mundo moderno”. Además en la citada edición se incluían diez desafíos políticos y diez económicos que claramente le marcaban la futura agenda a la Presidenta. Entre ellos, cabe mencionar el que refería al “Acuerdo con el pasado”, mediante el cual la revista indicaba el camino a seguir en cuanto a la persecución y castigo de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad brasileñas durante los años de dictadura militar (1.964/1.985). Allí se especulaba que si mantenía en su cargo al Ministro de Defensa de Lula Da Silva, Nelson Jobim, la Presidenta daría claras señales del camino que tomaría en materia de Derechos Humanos, pues Jobim era el único capaz de contener las “insatisfacciones” de los militares. Y así fue que Jobim continuó en su cargo.
Para quienes no recuerden cuál es la editorial Abril, cabe mencionar que la empresa fundada por César Civita fue uno de los primeros accionistas de Papel Prensa (luego le vendió sus acciones a David Graiver) y que en nuestro país, era dueña de la revista “Siete días ilustrados”, entre tantas otras. Precisamente fue Siete días, la revista que cuarenta y ocho horas después del 24 de marzo de 1.976 publicó una nota titulada “Fuerzas Armadas: Un trascendente compromiso”. Una muestra…
LA FALTA DE POLÍTICAS REPARATORIAS EN LA ACTUALIDAD BRASILEÑA
Brasil mantiene plenamente vigente la denominada “Ley de Amnistía” (N° 6.683, del 28/08/79). Esta ley es obra de João Baptista de Oliveira Figueiredo (Presidente de Brasil de 1.979 a 1.985), quien cuenta entre sus célebres frases la siguiente referida al ejercicio del poder: “Prefiero olor a caballo que olor a pueblo”. En el primer artículo de esta ley se puede leer: “Es concedida amnistía a todos aquellos, que en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1.961 y el 15 de agosto de 1.979, cometieron crímenes políticos o conexos,...a los Militares y a los dirigentes y representantes sindicales. Se consideran conexos,…los crímenes de cualquier naturaleza relacionados con crímenes políticos o practicados por motivación política.”
Brasil mantiene plenamente vigente la Ley Reglamentaria del inciso 33 del art. 5 de su Constitución Federal, referida al acceso a la información pública y al secreto de Estado (N° 11.111, del 05/05/05). Esta ley es obra del ex Presidente Lula da Silva (Presidente de Brasil de 2.003 a 2.011) y establece que el libre acceso a la información pública estará restringido en caso de informaciones requeridas por particulares o entidades colectivas respecto a cuestiones cuyo secreto sea imprescindible a la seguridad de la sociedad y del Estado. No establece término de finalización del secreto.
Brasil y el resto de los países de nuestra región han suscripto y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 1.969).
Brasil no ha ratificado aún la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de personas de Belem do Pará (Brasil, 1.994). En nuestra región la han ratificado: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Estados Unidos y Canadá, ni siquiera la suscribieron.
El 24 de noviembre de 2.010 Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Julia Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas, miembros del Partido Comunista de Brasil y campesinos, emprendidas entre 1.972 y 1.975 por el Ejército brasileño. Esto se relaciona con la Ley de Amnistía (Ley N° 6.683/79) y la figura del sigilo permanente de archivos oficiales relativos a determinadas materias que fue introducida mediante la Ley 11.111 el 5 de mayo de 2005. Los puntos sobresalientes de la sentencia son: 1) La Ley de Amnistía, es incompatible con la Convención Americana y no puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos en Brasil; 2) Brasil es responsable por la desaparición forzada y la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; 3) Brasil ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención; 4) Brasil es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación de los hechos del caso, así como del juzgamiento y sanción de los responsables. Por ello, la Corte dispuso las pertinentes medidas de reparación.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMPUNIDAD
Todo indica que las cuestionadas leyes se denominarán Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad y Ley de acceso a las informaciones públicas.
La primera, refiere simplemente a la creación de una Comisión especial conformada por siete miembros que en un plazo de dos años investigará los hechos ocurridos durante la última dictadura, pero sin carácter jurisdiccional o persecutorio (o sea, acatando parcialmente la sentencia dictada contra Brasil en el seno de la Corte interamericana de Derechos Humanos de la OEA).
Con la segunda, se trata de eliminar en algunos casos el secreto in eternum que podían tener cierta clase de informaciones referidas a actos del Estado (Ley 11.111/05) para acotarlo al razonable (¿?) plazo de cincuenta años. Es obvio que cronológicamente, una ventaja de tal magnitud permitirá que quienes cometan los actos alcanzados por la norma, seguramente mueran beneficiados por la impunidad (total o parcialmente). Algo parecido a lo que muchas veces ocurre en nuestro país, cuando los “ancianos” (represores o corruptos) mueren sin haber comparecido ante la justicia.
¿“FECHA HISTÓRICA”? ¿“PROCESOS DE VENGANZA”?...Y JUSTICIA, ¿PARA CUÁNDO?
La Presidenta de Brasil identificó a esta fecha -en la cual se anunció la futura sanción de las dos leyes- como “histórica” y dirigida a generaciones de brasileños que murieron y que, ahora son homenajeados, no con procesos de venganza, sino a través del proceso de construcción de la verdad y de la memoria.
Querida Presidenta Dilma:
La utilización de la “justicia” como herramienta para pacificar una sociedad no constituye un proceso de venganza, sino muy por el contrario, cimienta las bases de una sociedad más sólida y equilibrada, al tiempo que depura las instituciones (militares, religiosas, sociales) y las reconcilia con la sociedad. Lo contrario (identificar a quienes torturaron, violaron y mataron, sin someterlos a debido proceso) es pretender que haya paz social sin justicia. Es como remover las heridas sacándoles la cáscara, sin colocar la pomada cicatrizante. Una pena…
domingo, 6 de noviembre de 2011
AVANTI MOROCHA (Por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 06/11/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/rWohPR
La limusina que la trasladaría llegó al Hotel Majestic puntualmente. Ella bajó de su habitación sin hacerse esperar y emprendió su camino hacia el Hotel Martínez. Con un sobrio vestido negro que resaltaba aún más su bella imagen, minutos después se encontraba desempeñando la tarea que más se ajusta a su persona: ofrecer un discurso de estadista que reclama un merecido liderazgo mundial. Aunque ella misma se autoexcluya de los centros de decisión de la “Realpolitik”.
Una vez más, esta morocha argentina de la Plata, de la gloriosa Jotapé, la compañera de Lupín, la “yegua” para los gorilas que quieren que a ella le vaya mal para que a todos nos vaya peor, demostró que se puede unir el discurso político a la realidad de la administración del Estado.
Y fue así que ante los más importantes empresarios y dirigentes políticos del mundo, reunidos en la última cumbre del G-20 desarrollada en la ciudad francesa de Cannes, nuestra PRESIDENTA (así, respetando el género con mayúsculas) marcó los principales puntos que a su criterio deben tenerse en cuenta para que el cielo no se nos caiga encima. Luego de sus palabras, los presidentes de Estados Unidos de América y Francia, entre otros, elogiaron su perspectiva. No es poco. Es nuestro orgulloso presente como Nación.
EJES DEL DISCURSO
1. Industrializar las zonas rurales: para evitar despoblar el campo y urbanizar excesivamente las ciudades (lo que trae problemas de: inseguridad, infraestructura urbana y miseria). Ello se traduce en esta ecuación: mayor productividad + tecnología en origen = agregado de valor en todos los eslabones de la cadena productiva, pero en el lugar de producción. Con ello, se produce más eficientemente pues se aprovechan al máximo ventajas competitivas tales como la logística.
2. Seguridad alimentaria: tema muy importante para un país como el nuestro que con tan solo 40 millones de habitantes y con posibilidades de producir alimentos para 400 ó 500 millones, no consigue evitar la muerte infantil por desnutrición. Dijo que durante la última cosecha hubo 102 millones de toneladas de granos y que la meta para el 2.020 son 160 millones.
3. Problemas climáticos y tecnología para evitarlos: Colocó como ejemplo a la sequía. Sudamérica posee el 25 o 30 por ciento de las reservas mundiales de agua (entre ellas el acuífero guaraní). No obstante, durante los años 2008 y 2009 la región ha sufrido sequía. Argentina trabaja en innovación tecnológica realizando investigaciones muy importantes, mediante la producción de semillas con raíces más profundas que puedan obtener agua de las napas más fácilmente.
4. Transparencia de los mercados y Seguridad de vida: En una clara referencia al Gobierno francés, dijo que el problema no reside únicamente en la regulación de los mercados de commodities, lo que sería una mirada parcial. Si así fuese, apelando al concepto de “seguridad de vida”, se debería regular también el mercado de las patentes medicinales, porque tan humillante como morir de hambre, es morir por no tener para comprar los remedios necesarios.
5. Trabajo digno: No se puede hablar de seguridad alimentaria ni seguridad de vida si no existe el empleo como mecanismo capaz de generarlas.
6. Más consumo global y menos ajustes: Aquí hizo mención a lo que se puede traducir mediante una segunda ecuación. Ajuste + ajuste = endeudamiento social; Endeudamiento social = reducción de consumo; Reducción de consumo = desaceleración de economía. Si no hay consumo, no se crece (principio básico del capitalismo).
7. Regulación de la actividad financiera global: Definió la actual situación como un anarco-capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Lo cual generó aplausos y recordó a los analistas la famosa tasa Tobin (o “tasa Tobin Hood”), mecanismo mediante el cual se pagaría un impuesto del 0,1 por ciento cada vez que se produce una operación de cambio entre divisas. Respecto a esto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) concluyó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales, distribuibles a partes iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirma que con el 10 por ciento de lo recaudado sería posible proporcionar atención sanitaria a todos los habitantes del planeta, suprimir las formas graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo, y que con un 3 por ciento, se conseguiría reducir a la mitad la tasa de analfabetismo presente en la población adulta, universalizando asimismo la enseñanza primaria.
8. Graves crisis económicas generan graves crisis políticas: Dijo que en la evolución histórica de la humanidad cuando los pueblos han tenido hambre, han cambiado los sistemas y que entonces es mejor enfrentar intereses minoritarios pero poderosos, antes que enfrentar la furia de la sociedad. Toda una definición de su ideología política, reflejada en su forma de administrar nuestro Estado.
EL RESPALDO REAL AL DISCURSO
Nuestra Presidenta no solo teoriza, sino que respalda sus palabras con la realidad que vivimos los argentinos y con el apoyo mayoritario que le brindamos. Respecto a lo primero, es importante mencionar que la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el PNUD y que resume los avances logrados en salud, conocimiento e ingresos, ubica a nuestro país en el puesto N° 45 entre 187, atrás de Chile (N° 44, el mejor posicionado de Sudamérica). Son los únicos dos países de la región que participan del grupo de países con IDH Muy alto. Sus índices son: Ingreso Nacional Bruto per cápita: Chile: US$ 13.329; Argentina: US$ 14.527; Esperanza de vida al nacer: Chile: 79,1; Argentina: 75,9; Años promedio de escolaridad: Chile: 9,7; Argentina: 9,3; Años esperados de escolarización: Chile: 14,7; Argentina: 15,8. El resto de los países con los cuales históricamente nos hemos relacionado a nivel regional ocupan estos lugares: Uruguay (N° 48 – IDH Alto); Cuba (N° 51 – IDH Alto); México (N° 57 – IDH Alto); Venezuela (N° 73 – IDH Alto); Perú (N° 80 – IDH Alto); Ecuador (N° 83 – IDH Alto); Brasil (N° 84 – IDH Alto); Colombia (N° 87 – IDH Alto); Paraguay (N° 107 – IDH Medio); Bolivia (N° 108 – IDH Medio). Respecto a lo segundo, el 54,11% de los votos válidamente emitidos en las últimas elecciones, lo que representa el irrefutable apoyo de 11.863.054 argentinos, habla por sí solo.
En consecuencia, AVANTI MOROCHA!!!!!!.
lunes, 24 de octubre de 2011
¿LE DIREMOS ADIÓS AL MANUAL DEL COMPRADOR, ESCRITO POR EL ALMACENERO? (Por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 24/10/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/qxGMP1
La semana pasada, desde esta columna de opinión urgí a los países miembros de los más importantes procesos de integración regional en los que nos encontramos involucrados para que se adoptasen medidas económico políticas conducentes a evitar que en el futuro alguien siquiera pueda pensar en recurrir a Estados Unidos como aliado bélico para solucionar un mero conflicto económico entre hermanos. La referencia eran las declaraciones del ex Presidente Tabaré Vázquez por el conflicto que nuestro país mantiene con Uruguay respecto a la pastera de celulosa de la empresa finlandesa Botnia.
Hoy debo reconocer con beneplácito que todo indica que finalmente a partir de la próxima reunión del Consejo Económico de la UNASUR, que se celebrará en Buenos Aires el próximo miércoles 26 de octubre -ya que la Presidencia pro tempore está en manos de Argentina, a través del Ministro de Economía, Amado Boudou- los países de la región comenzarán a dejar de hacer lo que Arturo Jauretche claramente describía cuando decía: “Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”.
Ese día, bajo la coordinación técnica del Viceministro de Economía Roberto Feletti -a cargo del Grupo de Trabajo de Integración Financiera- los miembros del mencionado Consejo y la Secretaria General del bloque, la colombiana María Emma Mejía, analizarán: la economía mundial, la actividad desarrollada por los grupos de trabajo del Consejo, la creación del Banco del Sur y la posición de los países miembros de la UNASUR para la próxima cumbre presidencial del G-20, que se celebrará en Cannes en noviembre.
Pero como todo proceso de integración implica en si mismo la conformación de un todo mediante la unión de partes que hasta ese momento son independientes entre sí, dicha finalidad no ha de ser alcanzada inmediatamente ni ha de estar exenta de conflictos entre quienes conforman este nuevo matrimonio económico-político.
LAS DOS “OPCIONES AL FMI” PLANTEADAS
Una de las diferencias apuntadas gira en torno al Banco del Sur, entidad originariamente pensada como un fondo monetario, banco de desarrollo y organización prestamista, creada el 26 de septiembre de 2009 por iniciativa del ex Presidente argentino Néstor Kirchner y de su par venezolano Hugo Chávez, la cual todavía no ha encontrado funcionamiento real, ya que para que esto suceda, hacen falta adhesiones a su Convenio Constitutivo. El parlamento argentino, ha ratificado el Convenio mediante la reciente Ley nacional 26.701. Antes lo habían ratificado Ecuador, Bolivia y Venezuela. No lo han ratificado ni Uruguay ni Brasil. Actualmente falta una adhesión para que la entidad pueda empezar a operar formalmente con una reserva inicial de diez mil millones de dólares (US$ 10.000.000.000). Pero no cualquier adhesión es válida, ya que sería un despropósito y un error estratégico regional pensar que la entidad podría funcionar sin el empuje y el aporte de Brasil, que además de ser un país hermano, ocupa la séptima ubicación internacional en materia de Producto Interno Bruto a valor nominal (suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año), con más de dos billones ochenta y siete mil millones de dólares (US$ 2.087.000.000.000), siendo nuestro país quien ocupa el lugar veintisiete con un PIB nominal de poco más de trescientos sesenta y ocho mil millones dólares (US$ 368.000.000.000).
La no adhesión de Brasil se debe a que la opción planteada por este país es diferente a la que plantean Ecuador y Venezuela. Los brasileños están interesados en ratificar el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, pero no con las funciones para las que había sido pensado originariamente (como una especie de FMI regional), sino como un nuevo Banco de Desarrollo Continental, al estilo del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) brasileño. De esta forma, Brasil pretende que el Banco del Sur financie proyectos públicos y privados en infraestructura, ciencia y tecnología, salud, seguridad alimenticia y recursos naturales. Paralelamente, pretenden ampliar el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) -creado en 1.978 como entidad regional para funcionar como “blindaje” financiero ante problemas de balanzas de pagos o reestructuración de deuda externa, garantizar préstamos, mejorar condiciones de inversión de reservas internacionales efectuadas por sus miembros y armonizar políticas cambiarias, monetarias y fiscales-. Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela actualmente forman parte de esta entidad financiera que tiene una reserva de unos dos mil trescientos millones de dólares (US$ 2.300.000.000). La propuesta que plantean desde Brasilia es que con el ingreso de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile se dupliquen las reservas del FLAR hasta alcanzar unos cuatro mil seiscientos millones de dólares (US$ 4.600.000.000).
Por su parte, venezolanos y ecuatorianos pretenden que con el Banco del Sur se cree una especie de FMI regional con una súper capacidad financiera de unos setecientos veinte mil millones de dólares (US$ 720.000.000.000), que sería el resultado de una gestión colectiva de todas las reservas en dólares de los países de la región. Al respecto, hay que recordar que considerando solamente a Argentina y Brasil, las reservas en dólares de éstos dos países llegan actualmente a unos cuatrocientos mil millones de dólares (US$ 400.000.000.000). Además pretenden que paulatinamente se abandone al dólar estadounidense como moneda de cambio en las transacciones económicas internacionales entre los países que componen nuestra región.
Suramérica se encuentra consolidando su soberanía política en base a una sólida integración, ahora es tiempo de consolidar la libertad económica, para finalmente realizar la justicia social que tanto anhelamos y necesitamos. Que así sea.
CONFESIONES DE UNA MENTE PELIGROSA (Por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día
16/10/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/qDmI4R
Recordando la película dirigida por George Clooney que lleva el mismo nombre, este puede ser el título de otra nota más de las tantas referidas a las recientes declaraciones que ante un grupo de atónitos alumnos del Colegio Monte VI de la capital uruguaya, realizó el ex Presidente del vecino y hermano país, Tabaré Vázquez. En aquella oportunidad, el político comentó que durante el último conflicto por las pasteras de pulpa de celulosa de la finlandesa Botnia, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, había analizado iniciar una guerra contra Argentina y que inclusive había viajado a Estados Unidos para ofrecerle una “alianza comercial” al Presidente George W. Bush a cambio de un apoyo militar contra Argentina.
Paralelamente, la película mencionada narra la extraña doble vida que aparentemente habría tenido durante los años 60 y 70 el conductor de programas de entretenimientos de la cadena NBC de Nueva York (“The gong show”, entre otros) Charles Hirsch "Chuck" Barris, quien habría sido un célebre conductor televisivo y un asesino contratado por la CIA.
Barris pudo haber tenido una doble vida. No lo sabemos. De cualquier manera, no era el máximo responsable político de un país suramericano. El uruguayo si lo era. Y a juzgar por sus declaraciones, durante esa época tuvo una doble vida política respecto a la Argentina.
Más allá de si las declaraciones realizadas por el ex Presidente deben quedar como una “anécdota escolar” o si son el producto de un “parroquiano y suburbano personaje que no conoce el Derecho Público Internacional”, es necesario prestar más atención a este tipo de situaciones, donde una vez más en nuestra historia, nos descuidamos y casi permitimos que el “Tío Sam” se muestre dispuesto a intervenir en nuestras relaciones regionales. O al menos alguien pueda pensar en ir a buscarlo para solucionar sus problemas con sus otros hermanos. Por ello, urjo que desde la UNASUR, el MERCOSUR y la ALADI se realice un amplio análisis político y económico-político respecto a las razones del porqué uno de los Presidentes de nuestra región pensó en iniciar una guerra como consecuencia de un conflicto económico-ambiental, que además involucraba a un inversor europeo.
Es necesario trabajar aún más en la INSTITUCIONALIDAD, no tan solo democrática, sino también INTEGRACIONISTA.
Desde lo económico-político, si países con grandes y fuertes economías a nivel regional como Argentina o Brasil deben ceder terreno en las negociaciones frente a sus pares paraguayos, uruguayos, chilenos y bolivianos (aunque éstos dos últimos no formen parte del MERCOSUR), deben hacerlo y considerarlo como “actos de nobleza” hacia la PATRIA GRANDE. Pero también como “una inversión en propia seguridad”, porque lo que sedujo a Uruguay (más allá del trasnochado oncólogo) aún puede seducir a otros. Nadie está inmune a este tipo de circunstancias. Como el cuento que termina diciendo: “todos tienen un precio, lo único que faltan son inversores”.
Desde lo político, también hay que avanzar y realizar esfuerzos hacia la profundización y el pleno funcionamiento de órganos fundamentales para la integración regional, tales como el Parlamento del MERCOSUR. En ese sentido debemos reconocer que nuestro país, de acuerdo a lo que estipula el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR (PCPM), actualmente está en “mora” legislativa, por no haber reformado aún su Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incorporando en el TITULO VII (“Sistema Electoral Nacional”), un nuevo capítulo, el “IV”, denominado “De los Parlamentarios del MERCOSUR”.
Este próximo domingo 23 de octubre, en la mayoría de los distritos electorales argentinos iremos a las urnas para elegir Presidente/a y Diputados/as Nacionales. Pero esa elección hace a lo interno, no llega a la Patria Grande, al MERCOSUR.
La agenda política de nuestro país no puede posponer más la mencionada reforma. Solamente con nuestra propia reforma vigente, podremos exigir a nuestros hermanos del bloque que ellos también avancen en tal sentido.
Hace poco tiempo hemos dilapidado una importante oportunidad de aprovechar una reforma política interna y necesaria -pero insuficiente-. Debimos seguir el ejemplo de Paraguay y también legislar sobre el mecanismo de elección de nuestros Parlamentarios del MERCOSUR, demostrando así que nuestro país tiene real interés por afianzar el funcionamiento del bloque. Al sancionar la Ley 26.571 (“Democratización de la Representación Política, la transparencia y la equidad electoral”), nos olvidamos de la importancia estratégica que reviste nuestra integración regional.
Todo proceso de integración regional, necesita ser conocido por el pueblo, encarnarse en él. Precisamente, una de las mayores falencias que siempre ha tenido nuestro bloque ha sido la imposibilidad de imponerse en la agenda social. Salvo excepciones, nuestros ciudadanos desconocen totalmente Qué es y Para qué sirve el MERCOSUR.
Pero esta falta de conocimiento y desinterés respecto al bloque y respecto a la efectiva puesta en funcionamiento del sistema electoral regional parece estar presente no solamente en el ámbito ciudadano, sino también en el ámbito político, ya que actualmente, quienes se ofrecen como candidatos a Diputados nacionales por nuestra jurisdicción no han expresado nada al respecto en sus discursos, lo cual demuestra una sorprendentemente limitada capacidad política, máxime tratándose de candidatos a representar al pueblo de Salta, provincia que actualmente forma parte de una Subregión llamada ZICOSUR.
domingo, 2 de octubre de 2011
EL VALOR DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y LA INTEGRACIÓN (Por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 02/10/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/mRDQ3y
El martes 10 de junio de 2008 publiqué en este mismo blog un artículo titulado “INSTITUCIONALIDAD: El antídoto a los intentos autonómicos” en el cual exponía mi opinión acerca de la necesidad de dotar de mayor institucionalidad democrática a algunos países de nuestra región, para evitar la proliferación de los trasnochados intentos de falsa autonomía que por esas horas aparecían en la hermana República de Bolivia. La idea planteada era que en virtud de carecer de una institucionalidad fuerte, aquellos países que aún no habían alcanzado suficiente grado de madurez democrática, tendrían problemas de estabilidad política en el futuro.
El conflicto por las autonomías regionales en Bolivia se presentaba como uno de los modernos modos de intentar subvertir el orden de un gobierno elegido por el pueblo. Pero no había sido el único caso ni tampoco el único modo. Ya habían aparecido también otros intentos como el de Venezuela, donde en 2002 FEDECAMARAS (Federación venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción) había logrado deponer por 72 horas al presidente Hugo Chávez o como el de Haití, donde en 2004 el presidente Jean-Bertrand Aristide, había sido secuestrado por un comando de elite militar de Estados Unidos y obligado a abandonar su cargo. También durante ese año 2008 comenzaban a sucederse los intentos de golpe en Paraguay, que luego fracasarían y de los cuales el mundo se enteraría de propia boca del presidente Fernando Lugo.
Los acontecimientos regionales posteriores lamentablemente resultarían confirmatorios de mi razonamiento. En junio de 2009 triunfó el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en Honduras y el 30 de septiembre de 2010 luego de varias horas de tensión mediática (pues el presidente había ordenado “cadena nacional”), fue sofocado un intento de golpe de Estado en Ecuador, que presentado bajo la apariencia de una huelga policial, trató de destituir al presidente Rafael Correa.
El panorama era claro, la INSTITUCIONALIDAD era la palabra clave, el antídoto. Pero además, la INTEGRACIÓN y el COMPROMISO REGIONAL eran las otras claves, ya que a diferencia de las infructuosas acciones llevadas adelante por la ONU y la OEA en relación a lo ocurrido en Haití (donde la ONU participó a través de una “Misión de Estabilización”) y Honduras (donde principalmente participaron la ONU y la OEA), en Bolivia, Paraguay y Ecuador, la exitosa solución estabilizadora llegó por medio de la integración regional, a través de la activa participación del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y de la UNASUR (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela).
A un año de la última participación exitosa de estos dos bloques regionales en el proceso de estabilización de Ecuador, no debemos bajar los brazos ni dormir nuestra atención.
Precisamente, hace unos días hubo en Buenos Aires un interesante encuentro del que participaron el candidato a vicepresidente y actual Ministro de Economía, Dr. Amado Boudou y el politólogo y filósofo Ernesto Laclau, durante unas jornadas sobre "La consolidación de las Reformas Progresistas en Latinoamérica". A juzgar por lo que publican las principales agencias de noticias de nuestro país, lo más importante que dejó ese encuentro, fue cuando el Ministro afirmó que: “Es importante que los países latinoamericanos caminen juntos en esta etapa turbulenta del mundo, que generará coletazos, y que continúen construyendo una nueva institucionalidad a través de organismos multilaterales fuertes, cooperativos y viabilizadores de puestos de trabajo de este lado de nuestras fronteras”, además de resaltar que actualmente existen “opciones antidemocráticas”, a las que conceptualizó como las “ideas que siguen llegando (desde los organismos económicos liderados por países desarrollados) y que apuntan a reducir al mínimo el rol del Estado, como los fondos anticíclicos. Son nuevos formatos de dominación”. Esas palabras del candidato a vicepresidente me recordaron aquellas conversaciones que tenía con mis alumnos de Relaciones Internacionales durante los años 2001 y 2002 cuando dictaba clases en la Universidad brasileña UNISUL. En aquellas sesiones, les advertía a los alumnos que mucho más peligrosa que la intervención militar era el intervencionismo económico financiero desarrollado mediante los denominados Organismos de Crédito Internacional. Esa intervención era mucho más temible, por presentarse de manera subrepticia y en la mayoría de los casos, por contar con el apoyo del cipayismo local. Como diría Arturo Jauretche: “Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”.
Por su parte, Laclau estuvo muy acertado cuando manifestó: “Que lo económico esté sometido a lo político y lo estatal es absolutamente decisivo”.
Siguiendo esa línea de razonamiento el candidato a vicepresidente manifestó que: “La construcción de una nueva institucionalidad tiene que ver con la generación de igualdad de acceso a derechos fundamentales que el pueblo defenderá de manera firme. La Asignación Universal por Hijo, la recuperación de los fondos previsionales por el Estado, la posibilidad de que cada estudiante secundario tenga una computadora son derechos que nadie va a poder cercenar.”
viernes, 30 de septiembre de 2011
DOS LIDERESAS EN LA ONU (Por EMILIANO VILLAZÓN)
Este artículo fue publicado por Diario Punto Uno (www.diariopuntouno.com.ar) el día 25/09/11. Para ver el link corto: http://bit.ly/pHKfjN
En 2010 dos prestigiosos diarios brasileños publicaron una nota mía donde me refería a la reciente asunción de Dilma Rousseff y los beneficios que este hecho histórico (primera mujer Presidenta del vecino y hermano país) podría traer para la región y el mundo si tanto ella como Cristina Fernández de Kirchner, lograban aunar criterios en materia de política y economía internacional. Imaginé que no sería muy difícil, pues ambas tenían una historia de lucha política común y estaban al frente de los gobiernos de los dos países más importantes de Suramérica. Había depositado mis esperanzas en estas dos verdaderas “leonas” políticas.
Y finalmente el día en que estas lideresas comenzaron a hacerse escuchar en un mismo lugar llegó y fue durante el debate general del 66° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está desarrollando en Nueva York durante los días 21 a 23 y 26 a 30 de este mes.
La Presidenta brasileña tuvo el honor de ser la primera mujer en abrir el Debate General en toda la historia de la institución, lo que resulta adecuado en virtud del poderío económico y geopolítico mundial que representa su país. Nuestra Presidenta mantuvo atentos a los presentes que escucharon su discurso y la aplaudieron, lo que representa una clara muestra del liderazgo que ejerce a nivel mundial, aunque muchas veces dicha condición no sea reconocida en nuestro país.
Los temas abordados y las formas utilizadas en los discursos estuvieron determinados por la impronta personal de cada una. El discurso de Dilma fue más economicista, marcado por su profesión y el de Cristina fue más político, clara muestra de su condición natural de estadista.
Coincidieron en la existencia de una crisis económico-financiera mundial que gravitará en todo el planeta y en la necesidad de reformular las instituciones de comercio multilateral y regular seriamente el sistema financiero mundial. Otra coincidencia fue que se le otorgue al actual territorio palestino ocupado por Israel el status internacional de Estado Palestino y miembro 194 de la ONU.
Dilma resaltó la oportunidad histórica que genera la actual crisis mundial y advirtió acerca de una posible y grave ruptura política y social a nivel global. Para evitarla, reclamó la unión mundial y soluciones colectivas, rápidas y verdaderas. Habló de falta de recursos políticos e ideas claras en los países desarrollados para encontrar soluciones y descartó la falta de recursos financieros.
Cristina recordó que nuestro país había sido víctima de ser “conejillo de Indias” de las políticas neoliberales de los años 90 y que había defaulteado la deuda externa más grande de toda la historia de la humanidad (160.000 millones de dólares) pero que en ocho años había logrado reestructurarla al reducir la relación directa de esta con el PBI, pasando del 160 % al 30 %, además de completar el ciclo de crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia. Por ello tal vez, reclamó una regulación sobre las calificadoras internacionales de riesgo, a las cuales responsabilizó de gran parte de la crisis mundial económica actual. También solicitó reglas claras en materia de transferencia de capitales y especulación financiera con commodities (en el sector de alimentos).
Ambas se manifestaron a favor de reformular algunos órganos de la ONU, tales como el Consejo de Seguridad, aunque en este caso, cada una planteó la modificación desde una óptica diferente pero acorde al lugar que ocupa actualmente dentro de la organización y conforme a sus convicciones ideológicas. La Presidenta brasileña defendió los intereses de su país y pidió la ampliación de los miembros del Consejo de Seguridad y mantuvo firme la expectativa que genera en su país el hecho de estar próximo a convertirse en nuevo miembro permanente. Tal vez por coherencia, la delegación brasileña se encontraba ausente del recinto cuando la Presidenta argentina fue contundente al manifestar que era necesario democratizar la ONU eliminando la categoría de miembro permanente del Consejo y consecuentemente el derecho al “doble veto” que poseen estos miembros.
Lo que más generó opinión en nuestro país fue el enérgico reclamo que nuestra Presidenta hizo sobre la necesidad que el Reino Unido de Gran Bretaña cumpla las diversas resoluciones internacionales y se avenga a negociar sobre la soberanía argentina respecto a las Islas Malvinas. Además tuvo gran repercusión interna la reiteración del planteo que hizo al gobierno iraní para que permita que los acusados de haber participado en el atentado a la AMIA se sometan a juicio en Argentina o inclusive ante un Tribunal de un país “neutral”.
En materia de Derechos Humanos, la Presidenta brasileña dijo que su país actúa “inspirado por su propia historia de superación”. Si eso implica “mirar hacia adelante”, o sea declarar indirectamente la imposibilidad que encuentra para llevar adelante una política clara de persecución y castigo de crímenes cometidos durante la dictadura militar que asoló a ese país durante los años 1964 a 1985, me siento profundamente decepcionado. Allí, claramente se pudo apreciar que la Presidenta argentina tenía mucho más que ofrecer, desde la base fundamental de su política de gobierno: EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS COMO POLÍTICA DE ESTADO.
Creo que debemos sentirnos orgullosos de tener en la región a dos mujeres que se presentan ante el mundo como verdaderas lideresas, pero es necesario profundizar en materia de coordinación económica y política para presentar posiciones conjuntas ante los foros internacionales.
miércoles, 10 de agosto de 2011
“EL PODER HISTÓRICO DE LAS OLIGARQUIAS COMO OBSTÁCULO AL DESARROLLO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS” (por EMILIANO VILLAZÓN)
Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011.
RESUMEN
La autoridad pública es un área vital de la existencia social, quien se apropia de esta categoría ejerce poder. La administración de justicia, federal o provincial, como parte de esa autoridad pública, es un territorio pasible de apropiación. Las oligarquías, funcionales a todo poder imperial que operó en Argentina y que conocen este valor estratégico, históricamente han colocado ese mecanismo de apropiación en funcionamiento.
Esto presenta un universo integral: estético, burocrático y ético, que trae como consecuencia la elección e imposición de los Jueces para la Nación que deben fortalecer ese poder. Las oligarquías, atentan y obstaculizan el pleno ejercicio de los DDHH, sobre todo de aquellos que se encuentran fuera de su sistema de intereses. Urge iniciar una tarea consistente en una reconstrucción intercultural que respete y sintetice el encuentro con un verdadero derecho plurinacional. En este trabajo, abordaremos algunos aspectos de esta problemática.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se elaboró con el respaldo institucional de la Fundación Saltamérica, más precisamente desde el Instituto de Estudios Comparados en Derechos Humanos de Latinoamérica que funciona en dicha institución y del cual soy Director responsable.
El desarrollo argumental se basó en la presentación de los temas desde lo que Immanuel Kant llama el conocimiento empírico -aquel que procede de la experiencia y comienza con ella- apoyado en un razonamiento inductivo completo, mediante el cual se plantea una opinión que gira en torno a considerar que el pleno desarrollo de los Derechos Humanos encuentra un verdadero obstáculo en el sistema de intereses que representa al poder oligárquico provincial y nacional, que habiéndose apropiado históricamente de la autoridad pública de la administración de la justicia -federal o provincial-, actúa en consecuencia.
La cuestión planteada girará en torno a lo mencionado en el párrafo anterior. Seguramente, la solución de dicha problemática no será ni inmediata ni sencilla, es más, requerirá mucho empeño desde lo político y desde lo institucional. Empero, consideramos que actualmente existen suficientes instrumentos institucionales para lograr solucionar la cuestión planteada, entre los cuales podemos mencionar los Consejos de la Magistratura -nacional o provincial-, las Legislaturas Provinciales y el Congreso Nacional.
Como consecuencia de lo expresado, afirmamos que en el actual cuadro de situación, solamente pueden atravesar desde un estado de derecho (común a todos los ciudadanos por su natural condición de tales) hacia un estado de justicia (al que aspiran todos los ciudadanos que recurren a la justicia, desde el momento en que ésta los transforma en justiciables) aquellos que se encuentran dentro del círculo exclusivo que encierra el sistema de intereses antes mencionado.
Las secciones de las que se compone este trabajo son las siguientes: La autoridad pública; el poder administrativo y el poder fáctico; el poder histórico de la oligarquía argentina; el universo integral -estético, burocrático y ético- de muchos tribunales argentinos; el pleno ejercicio de los derechos humanos; la reconstrucción intercultural de un derecho plurinacional.
LA AUTORIDAD PÚBLICA
La palabra autoridad, que proviene del término latino auctoritas, a los fines del presente trabajo y con el adjetivo calificativo pública, debe entenderse en términos sociológicos, o sea como la institucionalización del poder. Así, como poder político, la autoridad pública es la facultad de obligar eficazmente a los miembros de una comunidad a cumplir ciertos deberes y aceptar ciertas reglas. Como tal, esta categoría tiene las siguientes características: 1) se relaciona con la moral; 2) implica la posibilidad de un ejercicio coactivo; 3) en sus más altos niveles, ejerce supremacía sobre los demás miembros de la comunidad; 4) es organizada; 5) tiene la facultad de dictar normas jurídicas.
Coincidiendo con Aníbal Quijano, decimos que: “…toda la experiencia social de todas las gentes, en todas partes y en todos los tiempos, da cuenta de que hay siempre una continua disputa por el control de ciertas áreas vitales de la existencia social: 1) El trabajo, sus recursos y sus productos, 2) El sexo, sus recursos y sus productos, 3) La subjetividad, sus recursos y sus productos, 4) La autoridad colectiva (o pública ), sus recursos y sus productos” (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)
Junto al autor citado, podemos decir que esta categoría se presenta como un territorio pasible de apropiación dentro de la comunidad y que quienes logran apropiarse de ella, ejercen lo que los romanos denominaban la potestas (poder político institucionalizado).
En relación a los modos de ejercer el control antes referido, claramente Quijano expresa: “El control se ejerce, primero, sobre las conductas, luego sobre las instituciones y las estructuras. Esto es, unos imponen sobre otros las conductas y las relaciones correspondientes y ganan de ese modo el control de una o más o todas esas áreas de la existencia social”. (Quijano, Aníbal. Poder y Derechos Humanos). (Material no paginado)
En la presente ponencia, sostenemos que el poder oligárquico argentino ejerce un control directo (designación sin Concurso Público de Antecedentes y oposición, imponiendo jueces ad hoc a perpetuidad, inclusive una vez finalizado un Concurso Público) e indirecto (designación mediante Concursos Públicos donde el mecanismo de ternas que genera una evidente discriminación) sobre la Institución Justicia, mediante la apropiación de la potestas decisoria, ya sea en el ámbito de la justicia federal o provincial, lo cual se puede apreciar claramente en cuanto a los mecanismos de designación de Magistrados, Funcionarios y Empleados del ámbito judicial.
EL PODER ADMINISTRATIVO Y EL PODER FÁCTICO
¿Qué es el poder? ¿Dónde se encuentra? ¿Existen, dentro de nuestra sociedad sectores estratégicos de poder pasibles de apropiación?
El primer interrogante planteado, es muy difícil de responder, al menos desde la extensión de un trabajo como el que aquí se presenta, no obstante haremos frente al desafío.
La palabra Poder, que etimológicamente proviene del término latino posse, cabe identificarla con diversas categorías conceptuales, según el área de análisis escogida.
Para la filosofía política, el Poder es la capacidad que tiene un individuo o grupo de modificar la conducta de otros individuos o grupos.
En consecuencia, puede decirse que dicha palabra se identifica con los denominados estamentos de poder -Ej: justicia, gobiernos, parlamentos, oligarquías, fuerzas de seguridad, corporaciones religiosas, empresariales y sindicales-. En esta identificación se mezclan por un lado el poder administrativo (o formal) y el poder fáctico (o real).
Primero el filósofo griego Aristóteles -en su reconocida obra titulada Política- y luego el célebre Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu -en su reconocida obra titulada Del espíritu de las leyes-, han dividido al poder estatal en tres secciones. Inclusive, el segundo de ellos nos ha enseñado que la Administración de Justicia está en manos del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes administrativos sobre los cuales se asienta una República.
Las oligarquías ejercen sobre ese poder administrativo en particular, un poder fáctico, que de acuerdo a lo que indica el Diccionario de la Real Academia Española es: “El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”.
Al segundo interrogante, conforme ya hemos expresado, podemos responder que el poder se encuentra en los diversos estamentos de nuestra sociedad, pero siguiendo a Michel Foucault, decimos además que es necesario indagar ¿por qué medios se ejerce el poder? y además, ¿qué sucede cuando los individuos ejercen el poder sobre otros?
El autor mencionado enseña al respecto que: “…lo que caracteriza al poder que estamos analizando es que este pone en juego las relaciones entre los individuos (o entre grupos). Para no engañarnos a nosotros mismos, si hablamos de las estructuras o los mecanismos del poder, es sólo en tanto suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otros”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
En cuanto al tercer interrogante, respecto a las estrategias de poder, coincidimos con Foucault en que: “La dominación es de hecho una estructura general de poder de la cual sus ramificaciones y consecuencias pueden, a veces, aparecer descendiendo a las más incalcitrantes fibras de la sociedad. Pero al mismo tiempo, es una situación estratégica más o menos apropiada de hecho y consolidada por medios de una confrontación a largo plazo entre adversarios” (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
Asimismo, coincidimos en que: “…lo que constituye a la dominación de un grupo, una casta, o una clase, junto a la resistencia y revueltas que esta dominación encuentra, un fenómeno central de la historia de las sociedades, es que el entrecruzamiento entre las relaciones de poder con relaciones de estrategias y los resultados procedentes de su interacción se manifiestan en una forma masiva y universalizada”. (Foucault, El sujeto y el poder. Material no paginado).
No obstante las coincidencias apuntadas, nos permitimos agregar que a nuestro modo de ver, la oligarquía argentina es precisamente quien históricamente se ha apropiado del sector estratégico de la autoridad pública que denominamos administración de justicia y que forma parte del presente análisis. Y decimos que la denominamos administración de justicia, porque consideramos que deberíamos llamarla administración del derecho, pues siendo la Justicia una virtud, difícilmente pueda ser administrada por algún ser humano, independientemente del hecho de ser este ciudadano considerado idóneo mediante la titulación de abogado y -en el mejor de los casos-, la calificación que significa haber obtenido el cargo mediante concurso público de antecedentes y oposición.
EL PODER HISTÓRICO DE LA OLIGARQUÍA ARGENTINA
La palabra oligarquía, que etimológicamente deriva de los términos griegos oligos -poco- y arché -poder-, ya nos trae una referencia clara acerca del significado de la categoría analizada.
Los griegos diferenciaban esta forma de poder concentrado en unos pocos ciudadanos privilegiados, de otras similares tales como la aristocracia nobiliaria -donde el poder deriva del nacimiento- o la aristocracia gubernamental -donde el poder deriva de ciertas cualidades sobresalientes de los gobiernos-.
Platón y Aristóteles -este último en su obra Política- consideraban a la oligarquía como una desviación de la aristocracia que tenía en cuenta sólo el interés particular de los ricos. Inclusive, que podría devenir en una tiranía.
Nuestro país, históricamente ha sabido de la presencia del poder oligárquico y del accionar de éste en favor de sus exclusivos intereses por encima de los intereses del conjunto de la sociedad.
A modo de PRIMER EJEMPLO y en el espíritu de homenajear a quien sin dudas es un verdadero héroe de la emancipación nacional y suramericana, vale traer a colación lo que relata el escritor salteño Gregorio Caro Figueroa en su libro Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas- respecto a cómo fue que el poder oligárquico salteño logró quitarse de encima al General Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, cuando bajo el título “La oligarquía asesina a Güemes” relata que: “La oligarquía se hallaba resentida porque sus intereses económicos habían sido tocados y sólo ansiaba una paz que le permitiese volver a comerciar y engordar y para ello había que terminar con la obstinada actitud del jefe gaucho.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65).
Las razones del odio visceral que le generaba la figura del héroe gaucho al poder oligárquico, se pueden apreciar claramente en esta parte del citado texto: “…Güemes elaboró su Fuero Militar de los Gauchos, que comenzó a aplicarse a partir de 1.818. Mediante este ‘Fuero’, el gobierno eximía de la obligación del pago de arriendos a los gauchos en pie de guerra. Estaban, además, exentos del pago de deuda de cualquier especie. Tal medida provocó la violenta reacción de los propietarios, ahondándose el abismo que mediaba entre ese sector y el gobernador”; “La oligarquía rechazaba el ‘Fuero gaucho’ y por boca de un opositor a Güemes sostenía que tal disposición ‘despojaba a la gran mayoría de los propietarios de la provincia de sus bienes (pues mediante él) se dispensó a los gauchos de pagar arriendo a los propietarios de las tierras que ocupaban.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 65/66).
En relación a la funcionalidad de la oligarquía salteña respecto al enemigo imperial y referido a la metodología utilizada para lograr su cometido, el citado autor relata que: “Dos conspiraciones, en 1.817 y otra mayor en 1.819, preanunciaban un golpe artero de esos intereses. En ambas ocasiones Güemes desbarata las maniobras y comprueba que en ellas hallábanse mezclados intereses que conectaban directamente a la oligarquía con los españoles.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 67).
El preludio del final anunciado para el héroe Güemes, es relatado en éstos términos en el libro ya citado: “Esos intentos cuajarán solamente cuando Güemes, fuera de la ciudad por el conflicto con la República del Tucumán, deja el gobierno. Los cabildantes de la Patria Nueva en la creencia de la derrota militar del caudillo y su posible muerte desbordaron en valentía y arrojo combativo, que se contrajo tímidamente cuando Güemes al frente de sus tropas desbarató la intentona de los ‘comerciantes’. Dicha rebelión fue encabezada por Dámaso de Uriburu, y nombró por Gobernador Intendente a Saturnino Saravia, siendo comandante general de armas Antonio Fernández Cornejo.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).
Para graficar el estado de ánimo exultante de la oligarquía en aquel momento, el autor relata: “…en carta a Bernabé Aráoz ‘sacudió en fin esta provincia el abominable yugo del cruel Güemes, monstruo entre tiranos a esfuerzos de sus incontrastables sentimientos. Tanto arrojo verbal no se correspondía con los hechos. Al entrar Güemes a la ciudad el pueblo saludó su presencia, lo cual bastó para que la conspiración institucionalizada por algunas horas cayese como castillo de naipes.” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 68).
En cuanto a la emboscada que sufre el héroe gaucho, relata el autor que: “La oligarquía se aliaba con Olañeta, el coronel Arias propone en una carta ‘hacer las paces con los españoles en la primera vez que cargue el enemigo, nos presentamos todos e imploramos perdón al Rey”; “Olañeta se aproximó a Salta y con la ayuda de emigrados salteños sorteó escollos, se introdujo por ocultos atajos y cayó sobre la ciudad con una cautela que hizo imperceptible su presencia, un pequeña partida cobijada por la espesura de la noche se había apostado en las cercanías de la casa donde Güemes se hallaba, siendo baleado es noche del 7 de junio. Diez días después caía el jefe gaucho en un campamento cercano a la ciudad. Toda la oligarquía se regocijaba por el crimen. Los porteños también…” (Caro Figueroa. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-, p. 69).
Cabe preguntarnos entonces, si los intereses oligárquicos pudieron atreverse a asesinar a un Gobernador y héroe de la altura del Gral. Martín Miguel de Güemes (actitud magnicida que luego se repetiría con otro ilustre salteño como ha sido el Dr. Miguel Ragone, único Gobernador argentino desaparecido previo a la última dictadura cívico-militar argentina y cuyo Juicio Oral recién se está llevando a cabo en estos días, luego de treinta y cinco años de su desaparición con presunción de muerte) ¿qué puede esperar de esos administradores de justicia aquel ciudadano carente de recursos y excluido del sistema de intereses que protege la oligarquía y mediante el cual ejerce, entre otros, el poder de la administración de la justicia federal y provincial?. REALMENTE MUY POCO O NADA.
Un SEGUNDO EJEMPLO acerca de la presencia histórica del poder oligárquico en nuestro país, lo podemos encontrar junto a Juan José Hernández Arregui, quien en su libro La formación de la conciencia nacional, expresa que: “El poderío de la oligarquía terrateniente no es exclusivamente material. Su influencia es más bien impersonal. Penetra como un pólipo todas las instituciones -económicas, jurídicas, educativas, políticas, financieras, religiosas, militares- y así, este poder incorpóreo impregna y unifica alrededor de su centro organizador, la estancia, la espiritualidad de toda la Nación. La fuerza de la oligarquía radica en que como minoría empedernida tiene espíritu de cuerpo. Su conciencia es cerrada; su liberalismo, la máscara fría de su soledad histórica, de la intolerancia frente a todo lo que amenaza su estilo de vida.” (Hernández Arregui. La formación de la conciencia nacional, p. 49).
Un TERCER EJEMPLO y más actual en cuanto a lo que estamos tratando, lo podemos encontrar en el libro: 1976 - El golpe civil, de Vicente Muleiro, quien en diversas partes de su obra destaca el nexo entre el poder real y la oligarquía en nuestro país.
En referencia a la presión desestabilizadora o histórica actitud destituyente que puede ejercer este poder oligárquico, el autor se remonta a los años 70’s y menciona que: “La confluencia patronal ampliada -la APEGE- se presentó en público con el pronunciamiento de 1.975. Allí decía que: ‘la Nación está travesando una de las más graves crisis de la historia’ y condenaba la ‘inflación desenfrenada, desabastecimiento, virtual cesación de pagos en el sector externo, quiebra empresaria, desocupación, paralización de la inversión y, sobre todo, una gangrena corruptiva que invade todas las expresiones de la relación social argentina’ ante lo cual se imponían ‘soluciones genuinas, fundadas en normas de conducta económica que tienen universal e invariable validez’…El 22 de octubre apareció otra nota donde la puntualidad de los reclamos comenzó a evidenciar las líneas del futuro plan dictatorial, con pedidos de ‘recortes al gasto público’, potestad a los productores para fijar los precios del agro, revisión del esquema impositivo y una nueva ley de inversiones extranjeras” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 129).
Como para trazar un paralelismo reincidente entre la porción de historia que antecede y lo que ocurrió en nuestro país en el año 2.008, durante el mal llamado conflicto con el campo -que técnicamente fue un lock out o paro patronal-, cabe resaltar que desde el 3 de marzo de 1.975, las entidades agropecuarias hicieron cinco paros nacionales y que éstas entidades -luego miembros constitutivos de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias- fueron las siguientes: Sociedad Rural Argentina (S. R. A.), Confederaciones Rurales Argentinas (C. R. A.), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Con. In. Agro.) y Federación Agraria Argentina (F. A. A.). El último de estos paros nacionales se realizó el 16 de febrero de 1.976. El plan más trágico que haya sufrido nuestro país ya estaba en marcha. O sea ayer y hoy, la oligarquía nacional tuvo y tiene la misma actitud desestabilizadora.
Respecto a la participación activa de la oligarquía en las corporaciones de poder y en cuanto al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, al referirse al Colegio de Abogados de Buenos Aires, el autor citado menciona que: “El Colegio de Abogados de Buenos Aires, que tuvo entre sus presidentes a Durrieu (2005) y tiene, entre otros, a Rodríguez Varela como socio, se despertó en 2008 con una abundante producción panfletaria contra el modelo económico que rige desde 2003 y contra la política de derechos humanos. En esta línea no cesa de pedir, como veremos en otras instituciones afines, que ‘las figuras internacionales como lesa humanidad deben aplicarse con cautela y objetividad para evitar que se conviertan en herramientas ideológicas de venganza o funcionales a la lucha política”. (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 361).
EL UNIVERSO INTEGRAL -ESTÉTICO, BUROCRÁTICO Y ÉTICO- DE MUCHOS TRIBUNALES ARGENTINOS
El libro de Eduardo Sacheri titulado La pregunta de sus ojos, que diera lugar a la película argentina ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en el año 2.010, dirigida por el argentino Juan José Campanella, titulada El secreto de sus ojos es la representación más acabada de la estética que actualmente se encuentra en la mayoría de los Tribunales Federales de nuestro país.
En cuanto a esta estética particular que exhibe el Poder Judicial de la Nación en nuestro país y referido al tema específico de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar que asoló a nuestro país a partir de 1.976, Vicente Muleiro, en su libro 1976 - El golpe civil, relata que: “En varias regiones del país el juego social conservador, la cualidad de intocables de las ‘buenas familias’ que suelen integrar los jueces, la complicidad y la inacción de los fueros de raigambre autoritaria, parecían hacer imposible el juzgamiento, siquiera, de casos emblemáticos donde algunos jueces se comportaron con una ferocidad que negaba de plano su profesión mediatizadora de los conflictos humanos.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 367).
De manera acertada y contundente, el autor citado resalta que: “Con los juicios, las redes de la participación civil en delitos de lesa humanidad y en delitos económicos se abren. De un modo incontrastable, el Poder Judicial es el que aporta más cómplices, sacando a relucir una de las deudas mayores que la democracia acumulaba consigo misma, aún cerca de las tres décadas de su recuperación. La extensión de los juicios a gran parte del territorio nacional seguirá demostrando esta propensión estrictamente emparentada con el mal en la Argentina.” (Muleiro, 1976 - El golpe civil, p. 371).
EL PLENO EJERCICIO DE LOS DDHH
Sin intentar dar una definición acabada acerca de lo que son los Derechos Humanos -pues reconocemos que tal tarea excedería los límites de este trabajo-, podemos decir que la categoría engloba un conjunto de facultades, atribuciones y prerrogativas de las que somos sujetos activos los seres humanos por nuestra natural condición de tales y de la que son sujetos pasivos -en mayor medida- los Estados y -en menor medida- el resto de las personas que coexisten con nosotros en cada sociedad.
A modo de mención, podemos decir que tales facultades, se encuentran clasificadas en doctrina en dos grandes segmentos: el primer segmento los clasifica en derechos positivos (mediante los cuales se les impone a otros sujetos, tradicionalmente -aunque ya no de manera exclusiva- el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Ej.: Derecho a la integridad personal; Derecho a la igualdad; Derecho al honor; Derechos económicos, sociales y culturales; entre otros) y derechos negativos (que se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia. Ej.: Derecho a la intimidad; Derecho al honor; Derecho a la libertad personal; Derecho a la libertad de religión; Derecho a la libertad de propiedad; Derecho a la libertad de pensamiento y expresión; entre otros). El segundo segmento los clasifica generacionalmente (según el momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación). Así, se pueden encontrar hasta cinco generaciones de Derechos Humanos, a saber:
Derechos Humanos de primera generación: son los denominados derechos civiles y políticos (vinculados con el principio de libertad). Se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada;
Derechos Humanos de segunda generación: son los denominados derechos económicos, sociales y culturales (vinculados con el principio de igualdad). Exigen la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones. Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de primera generación;
Derechos Humanos de tercera generación: Se vinculan con la solidaridad (o fraternidad). Algunos de ellos son: a) paz, b) libre determinación de los pueblos, c) calidad de vida, d) garantías frente a la manipulación genética;
Derechos Humanos de cuarta generación: Su contenido no es claro. Normalmente toman algunos derechos de la tercera generación y los incluyen en la cuarta: a) derecho al medio ambiente, b) bioética, c) nuevas tecnologías;
Derechos Humanos de quinta generación: Relativos al control del cuerpo y la organización genética de uno mismo.
Hablar de la plenitud de un derecho es algo que se encuentra estrechamente ligado a las posibilidades de su ejercicio efectivo, de lo contrario, tórnanse meras declamaciones teóricas. Conforme nuestra Constitución Nacional, todos los ciudadanos tienen el derecho del acceso a la justicia en defensa de sus intereses -personales o patrimoniales-, pero en la praxis no todos pueden ejercer efectivamente ese derecho. Pensemos en las minorías -indígenas, rurales, sexuales, etarias, de residentes extranjeros, etc.- que muchas veces no tienen ni las posibilidades económicas ni educativas de llegar hasta donde está la Justicia. El hecho de residir en lugares distantes de los centros urbanos donde se ubican los Tribunales del Poder Judicial -federal o provincial-, puede aparecer como un ejemplo muy sencillo de explicar, pero no por ello, menos contundente. Otro ejemplo, está dado por la inmensa brecha social existente entre estas minorías y la estética propia de los Tribunales -federales y provinciales-, que las aleja aún más del lugar donde está la Justicia. Estas circunstancias mencionadas a modo de sencillos ejemplos, sin dudas generan ciudadanos de primera y de segunda clase.
Por ello afirmamos que el pleno ejercicio de los Derechos Humanos no siempre se materializa, no obstante que los mismos puedan tener -en el mejor de los casos- rango constitucional e inclusive protección internacional.
Nuestro país, más allá de los innegables avances en materia de políticas reparatorias iniciados desde el año 2.005 por lo que significan los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, se encuentra en una mala posición ante los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no solamente esa deuda pendiente existe en nuestro país en materia de Derechos Humanos.
Coincidimos con Samuel Pinheiro Guimarães, quien en su artículo titulado Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder, de febrero de 2.006, manifiesta que: “La concentración de poder de cualquier tipo, a veces simultánea, en varias esferas e interdependiente, consagrada por la legislación, contra ciertos grupos de la población, reforzaron históricamente su situación de inferioridad y despojo y las diferencias entre individuos y grupos sociales. Se crearon así los estereotipos que contribuyeron a justificar y a perpetuar la discriminación y la concentración de poder, inclusive en el imaginario de los propios oprimidos, legitimando las violaciones de los derechos de estos grupos y la impunidad de los violadores. La violación de los derechos humanos no es una cuestión de educación o de cultura de las poblaciones, como lo comprueba el caso de la Alemania nazi, sino que resulta de la tentativa de crear, aumentar o mantener situaciones de privilegio, que la concentración de poder permite usufructuar a sus beneficiarios.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).
También lo hacemos respecto a lo que expresa este autor en los siguientes términos: “En el pasado y aún en el presente, la legislación consagró situaciones discriminatorias porque la concentración de poder político hacía que los legisladores fuesen, en su mayoría, representantes de los grupos que concentraban el poder económico y social. Los beneficios de la concentración de poder se traducen en las normas y en las instituciones que constituyen el Estado. La ley y el Estado contribuyen a la citada concentración, la cual, dada la situación inicial de extraordinarias disparidades, tiende a acentuarse en perjuicio de los grupos oprimidos, a pesar de que individuos aislados pueden ascender socialmente y escapar de esa situación. Esto es utilizado como prueba por las teorías de la movilidad social y de la educación como solución. Por otro lado, los que estuvieron encargados de implementar tal legislación fueron y continúan siendo igualmente elegidos por el proceso político, en el cual los beneficiarios de la concentración de poder tienen una gran o prevaleciente influencia.” (Pinheiro Guimarães. Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Material no paginado).
En la actualidad, la promoción y protección de los Derechos Humanos está llamada a abarcar no solamente las violaciones individuales a estos derechos, sino también a reivindicar las políticas reparatorias y de castigo mediante la instauración de verdaderas políticas públicas de desconcentración del poder, en sus diversas manifestaciones.
También coincidimos con Pinheiro Guimarães en que así como se han creado mecanismos legales de evaluación de proyectos productivos para verificar, antes de ser implementados, su impacto ambiental, sería razonable establecer que las políticas públicas sean sometidas a un proceso de evaluación de impacto sobre los derechos humanos, cuando son formuladas y antes de su implementación.
RECONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL DE UN DERECHO PLURINACIONAL
En relación al concepto de plurinacionalidad, coincidimos con Boaventura de Souza Santos cuando en su artículo La reinvención del Estado y el Estado plurinacional nos enseña que: “La idea de plurinacionalidad es hoy consensual en bastantes estados del mundo. Existen bastantes estados plurinacionales. Canadá es plurinacional, Suiza es plurinacional, Bélgica es plurinacional. Históricamente hay dos conceptos de nación. El primero es el concepto liberal que hace referencia a la coincidencia entre nación y Estado; es decir, la nación como el conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado y, por ende, los Estados modernos se llaman Estado-nación: una nación, un Estado. Pero hay otro concepto, un concepto comunitario no liberal de nación, que no conlleva consigo necesariamente al Estado. Por ejemplo, los alemanes fueron en Europa central y oriental durante mucho tiempo una nación sin Estado, porque su identidad era una identidad cultural y no política. Aquí podemos ver que esta segunda tradición de nación, la tradición comunitaria, es la que han desarrollado los pueblos indígenas. Este concepto de nación conlleva un concepto de autodeterminación, pero no de independencia. Nunca los pueblos indígenas han reivindicado, ni en el mismo Canadá, la independencia…” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-).
En cuanto a la interculturalidad, también coincidimos con Boaventura de Souza Santos cuando expresa que: “La interculturalidad tiene esta característica que no es simplemente cultural, sino también política, y presupone, además, una cultura común. No hay interculturalidad si no hay una cultura común, una cultura compartida.” (Santos. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional, p. 8 -OSAL 31-).
En referencia a las categorías interculturalidad y plurinacionalidad, debemos mencionar lo avanzada y operativa que resulta la actual Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2.008) en cuanto a la protección de los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos y lo programáticas -desde el punto de vista práctico- que resultan las Constituciones argentina (1.994) y salteña (1.998).
Sin ánimo de realizar un estudio comparativo constitucional, sino a modo ejemplificativo y para que se entienda la idea que aquí se expresa, podemos mencionar las siguientes partes de las Constituciones antes referidas:
En cuanto a los Derechos Humanos de tercera generación referidos a los indígenas y campesinos, la Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia del año 2.008, aparece como la más operativa de las analizadas.
En primer lugar, identifica al hermano y vecino Estado como: “Bolivia: Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Art. 1, año 2.008).
En segundo lugar, aparecen en ella varios puntos sobresalientes y novedosos, entre los que podemos resaltar los siguientes: una cuota de parlamentarios indígenas; un sistema judicial indígena campesino (al mismo nivel que la justicia ordinaria); un nuevo tribunal constitucional plurinacional (que tendrá que elegir miembros de los dos sistemas); el derecho a la autonomía y el autogobierno indígena (junto con el reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e instituciones); la propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad.
Por su parte, la Constitución Nacional (1.994) aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que su art. 75, al establecer las atribuciones del Congreso Nacional dice: “…Corresponde al Congreso: 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”.
La Constitución de la Provincia de Salta (1.998) también aparece como más programática respecto a su par boliviana, ya que en su art. 15 dice: “Pueblos indígenas. I. La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en el territorio de Salta. Reconoce la personalidad de sus propias comunidades y sus organizaciones a efectos de obtener la personería jurídica y la legitimación para actuar en las instancias administrativas y judiciales de acuerdo con lo que establezca la ley. Créase al efecto un registro especial. Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes ni embargos. Asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley. II. El Gobierno Provincial genera mecanismos que permitan, tanto a los pobladores indígenas como no indígenas, con su efectiva participación, consensuar soluciones en lo relacionado con la tierra fiscal, respetando los derechos de terceros.”.
El uso de diferentes verbos, como pueden ser: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar, que podemos encontrar tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Salta, simplemente se transforman en una mera Carta de intenciones si no se crean expresamente los mecanismos e instrumentos necesarios para que tal programación normativa se torne operativa.
CONCLUSIONES
Luego de lo expresado, podemos elaborar las siguientes conclusiones:
a) La autoridad pública (representada por los tres poderes del Estado) es un área vital de la existencia social;
b) Apropiarse de alguna manifestación de la autoridad pública otorga poder;
c) La oligarquía argentina históricamente ha puesto en funcionamiento un mecanismo de apropiación de ciertas áreas de la autoridad pública;
d) Los Tribunales de Justicia -federales o provinciales- son un área de la autoridad pública;
e) Existe un universo integral -estético, burocrático y ético- que define las características de la mayoría de los Tribunales argentinos;
f) La oligarquía argentina, históricamente obstaculiza el pleno ejercicio de los DDHH, de todo aquel que se encuentra fuera de su sistema de intereses;
g) Es imperioso reinventar nuestros Estados nacionales y provinciales atravesando el umbral que nos conduzca desde los actuales Estados Uninacionales hacia los necesarios Estados Plurinacionales;
h) No es suficiente con incluir verbos tales como: reconocer, garantizar, asegurar, regular y generar en los textos constitucionales de la Nación o de las provincias, si además no se establecen los mecanismos para que tal programación normativa se torne operativa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARGENTINA, República. Constitución de la Nación Argentina, 1.994.Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm.
BOLIVIA, Estado plurinacional de. Nueva constitución política del Estado, 2.008. Disponible en: http://www.presidencia.gob.bo/download/constitucion.pdf.
CARO FIGUEROA, Gregorio. Historia de la gente decente en el Norte Argentino -de Güemes a Patrón Costas-. Prólogo de Jorge Abelardo Ramos. Buenos Aires: Ediciones del Mar Dulce, 1970. 247 páginas.
FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder. Traducción de Santiago Carassale y Angélica Vitale. Disponible en: http://bilboquet.es/documentos/El%20Sujeto%20y%20el%20Poder.pdf (Material no paginado).
HERNÁNDEZ ARREGUI, Juan José. La formación de la conciencia nacional. 1a Ed. Buenos Aires: Continente, 2004. 448 páginas.
QUIJANO, Aníbal. Poder y Derechos Humanos.
Disponible en: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/PODER%20Y%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf. (Material no paginado)
MULEIRO, Vicente. 1976 - El golpe civil. 1a Ed. Buenos Aires: Planeta, 2011. 456 páginas.
PINHEIRO GUIMARÃES, Samuel. 2006 Casa Grande y Senzala: derechos humanos y poder. Disponible en: http://www.amersur.org.ar/DDHH/Guimaraes0602.htm. (Material no paginado).
RAE (Real Academia Española). Disponible en:
http://www.rae.es/rae.html.
SACHERI, Eduardo. La pregunta de sus ojos. 1a Ed. Buenos Aires: Galerna, 2005. 296 páginas.
SALTA, Provincia de. Constitución de la Provincia de Salta. 1.998. Disponible en: http://www.camdipsalta.gov.ar/conprov.htm.
SANTOS, Boaventura de Souza, 2007. La reinvención del Estado y el Estado plurinacional”. En: OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre. Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22SousaSantos.pdf.
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