EJES PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DE SALTA (por EMILIANO VILLAZÓN)

EJES CONCEPTUALES EN LOS QUE DEBERÍA APOYARSE UN PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA SOCIAL PARA LA PROVINCIA DE SALTA

I. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. Las fuerzas de seguridad, en la tarea diaria de prevención de la violencia deben tener un total respeto por los Derechos Humanos, como elemento fundamental de una sociedad organizada. La legalidad constitucional debe ser la base de tal razonamiento. Asimismo, en la actualidad, los ciudadanos deben tomar conciencia de la importancia de su participación directa en las tareas de prevención.

II. AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD. El Municipio debe ser la primera institución en prevenir la violencia y la criminalidad, pues es allí donde los ciudadanos residen, es allí (al Municipio), adonde los ciudadanos acuden en procura de seguridad. No obstante, la autonomía no debe significar aislamiento, sino que deben articularse acciones entre los gobiernos municipal, provincial y nacional. La Seguridad pública no es un problema exclusivo del Gobierno Provincial, sino que por el contrario, la primera solución debe buscarse en cada Municipio.

III. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA EXCEDE LA ACTUACIÓN POLICIAL. Es sumamente injusto imaginar que solamente los policías pueden solucionar los problemas de seguridad pública. Es necesario coordinar acciones en red entre todos los actores de la comunidad.

IV. COMPRENDER QUE EXISTE UNA DIVERSIDAD DE SITUACIONES DELICTIVAS. No ocurren los mismos crímenes ni con el mismo grado de violencia en todas las comunidades. Cada comunidad debe tener su propio sistema de prevención.

V. RED DE ACTORES COMUNITARIOS. Los problemas de inseguridad, surgen dentro y afectan a los diversos sectores que existen en la comunidad. Por ello, dichos actores deben involucrarse directamente en procura de su solución.

VI. BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS UNIFICADA Y ACTUALIZABLE. Es imprescindible a la hora de elaborar un diagnóstico correcto referido a la clase y magnitud de problemas de seguridad pública a los que cada comunidad se enfrenta.

VII. LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD NO DEBE OBEDECER EXCLUSIVAMENTE A CRITERIOS IDEOLÓGICOS NI DOCTRINARIOS. La ideología que oriente toda política pública de seguridad (principalmente en cuanto al respeto irrestricto por los Derechos Humanos) es muy importante, pero los resultados obtenidos en cuanto a la reducción del crimen y la violencia (por medio de evaluaciones, investigaciones y monitoreos sistemáticos) deberán igualmente orientar este tipo de políticas públicas.

VIII. EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. Solamente se lograrán a través de una adecuada asignación de recursos económicos y técnicos.

IX. SE DEBE INVERTIR MÁS EN LA PREVENCIÓN Y MENOS EN LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS. El estudio conocido como “Perry Project”, aplicado en Ypsilanti -Michigan, EEUU- y que consistía en un programa de desarrollo de habilidades cognitivas, inteligencia y frecuencia en el nivel pre escolar, demostró que por cada dólar invertido en prevención al crimen, la sociedad economiza siete dólares en el largo plazo. Farrington¬ cita un estudio con la estimativa de un total de 60 mil millones de libras de daños mensurables con el crimen en Inglaterra y Gales en 1999. El Banco Interamericano de Desarrollo, ha estimado que el costo de la violencia en América Latina es igual al 14,2% del PBI o a 168 mil millones de dólares (Londoño y Guerrero, 1999). Un estudio de Sansfaçon y Welsh (1999) calculó que los beneficios derivados de las inversiones que estimulen el desarrollo de los niños y de los jóvenes y que amparen a las familias en la reducción del crimen varían de US$ 1,06 a US$ 7,16 por cada dólar gastado. Demostraron también, que las acciones direccionadas a la reducción de las oportunidades de victimización producen un retorno de entre US$ 1,83 a US$ 7,14 por cada dólar invertido . Un amplio estudio que realizó 400 investigaciones sobre la relación costo/beneficio de los programas de prevención en EEUU y Canadá en los últimos 25 años fue desarrollado por Aos et al (2001) y demostró que algunos programas preventivos pueden garantizar un retorno de hasta 20 dólares en beneficios derivados de la reducción de la criminalidad por cada dólar invertido . En 1992, los norteamericanos gastaron más de 93 mil millones de dólares en mantenimiento de su sistema de justicia criminal . Estudios de 1990, estiman en 450 mil millones de dólares los daños personales de las víctimas de crímenes y los gastos públicos efectuados con ellas.

X. RUPTURA DEL MODELO CLÁSICO DE SEGURIDAD CONCEBIDA COMO MÁS REPRESIÓN POLICIAL Y MÁS PRISIONES. Es necesario evolucionar hacia el modelo de “Actuación policial orientada a la solución de problemas”, creado por el Prof. norteamericano Herman Goldstein. En este modelo, los policías son capaces de identificar los problemas de seguridad pública que afectan a la comunidad en la cual desarrollan sus tareas y al tener mayor grado de autonomía y un contacto directo con la comunidad, superan dichos problemas de manera mucho más rápida, eficiente y eficaz.

XI. LA COMUNIDAD DEBE RECUPERAR EL PODER QUE HA PERDIDO. Si la ciudadanía siente que puede ser víctima de la inseguridad, no sale de su casa. Ese cuadro de situación beneficia a los delincuentes, pues se encuentran sin gente en las plazas, sin gente caminando de noche y aprovechan esa especie de “situación liberada” para la comisión de delitos. Esto, tiene inclusive incidencias en el plano económico, pues si las personas de determinado barrio o municipio viven con miedo a la delincuencia, tendrán intención de mudarse de allí. Consecuentemente, los inmuebles de ese lugar se desvalorizarán. En el aspecto turístico, se recibirán menos visitantes y habrá considerables pérdidas económicas. Por ello, los ciudadanos deben recuperar su participación activa en la vida pública, pues eso les devolverá el poder perdido. Es imperioso que toda la comunidad participe de la prevención y persecución del delito. Solo así, la comunidad recuperará su poder.

XII. LA CRIMINALIDAD SE DISTRIBUYE ESPACIALMENTE EN UNA MISMA CIUDAD DE FORMA MARCADAMENTE DESIGUAL. Esto no solamente se refiere a la diferencia entre los barrios más carenciados y los más pudientes, sino que también se presenta en aquello que los ingleses denominan los “hot points” (en español: puntos calientes). En estos lugares, la tarea preventiva debe ser decididamente más acentuada. Además, en todo el mundo, el 10 % de los infractores están involucrados en el 50 % de los crímenes y el 10 % de los lugares conforman el ambiente propicio para la comisión de cerca del 60 % de las infracciones . En este sentido, adquieren una marcada relevancia los denominados “mapas de conflictividad” (como el que existe en nuestra provincia y se elabora a partir del sistema 911), tendientes a determinar cuáles son ésas zonas que requieren una mayor presencia.

XIII. DEBE TRABAJARSE MÁS PROFUNDAMENTE EN “PREVENCIÓN SITUACIONAL”. Gran parte de los crímenes comunes (en especial delitos contra la propiedad), son cometidos por los delincuentes en circunstancias percibidas como favorables. Por ello, la comunidad (a través de la Policía Municipal Comunitaria) debe mostrar su presencia permanente, con el fin de eliminar dichas circunstancias favorables o reducirlas a su mínima expresión.

XIV. EL SISTEMA MUNICIPAL DEBE “MODERNIZARSE”. Esto significa que con la creación de las Policías Municipales Comunitarias, los municipios deberán adecuar sus estructuras administrativas a fin de poder hacerse cargo de la seguridad pública. En cuanto a los recursos financieros necesarios, los municipios podrán articular con actores de la sociedad civil (ej: en Brasil, los intendentes reciben el apoyo económico de los empresarios y comerciantes de la ciudad, para poder financiar la denominada Guardia Municipal) para poder desarrollar sus planes estratégicos de seguridad pública municipal, o inclusive, el Gobierno Provincial podrá intentar la obtención de financiamiento internacional, mediante programas del Banco Interamericano de Desarrollo tales como el “Programa para mejoras de la Gestión Municipal”, Operatoria N° 1855/OC-AR Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que la provincia de Salta ha recurrido recientemente.

EJES ESTRUCTURALES EN LOS QUE DEBERÍA APOYARSE UN PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA SOCIAL PARA LA PROVINCIA DE SALTA

I. MODIFICACIÓN EN LA ACTUAL LEY DE MINISTERIOS. El Ministerio de Justicia debe volver a encargarse del Área de Seguridad.

II. MODIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Desaparece la Secretaría de Seguridad y se crea una nueva Secretaría, denominada “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA SOCIAL”, que absorbe la estructura de la anterior Secretaría. De dicha Secretaría deberá depender la actual Subsecretaría de Políticas Criminales y Servicio Penitenciario.

III. CREACIÓN REAL DE LA POLICÍA JUDICIAL. Dicha fuerza, deberá depender jerárquicamente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta y deberá tener a su cargo la investigación de los delitos. Por ello, deberá realizarse una inversión presupuestaria importante para colocar a dicha dependencia policial en condiciones de cumplir eficazmente su labor. Asimismo, deberá reformarse el Código Procesal Penal de la Provincia e instaurarse el sistema acusatorio pleno, otorgándole al Ministerio Público Fiscal la instrucción penal.

IV. CREACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL COMUNITARIA. Dicha fuerza, deberá depender jerárquicamente de cada Gobierno Municipal. Esta policía se encargará especialmente de temas tales como: violencia contra menores y jóvenes, problemas en establecimientos educativos, violencia familiar y de género, violencia en comunidades de pueblos originarios, violencia racista u homofóbica, accidentes de tránsito en el ejido municipal y contravenciones. Los integrantes de este cuerpo, serán los policías que actualmente integran la fuerza policial en cada uno de los municipios y aquellos que ingresen como representantes directos de determinadas comunidades (ej: los pueblos originarios tendrán su propia policía municipal comunitaria, compuesta por integrantes de dicha comunidad). La jerarquía de la fuerza será elegida por los miembros del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Los integrantes de esta fuerza trabajarán en colaboración directa con la Policía de la Provincia de Salta en cuanto les sea requerida ayuda.

V. CREACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. En dichos Consejos, deberán estar representados los diversos sectores de la sociedad, a saber: a) Cultos religiosos; b) Entidades de la sociedad civil y ONG´s; c) Colegios profesionales; d) Comunidades originarias; e) Comunidades de extranjeros residentes en el municipio; f) Instituciones educativas; g) etc. Estos Consejos, que elegirán los cargos jerárquicos de la Policía Municipal Comunitaria, además actuarán con funciones consultivas y deliberativas, de articulación, información y cooperación entre todas las entidades que, en el ámbito municipal, intervengan o estén interesadas en la prevención del delito y mejora de la seguridad de la población. La legislación de creación de estos Consejos deberá ser municipal. Debe preverse una partida presupuestaria especial de parte del Gobierno Provincial destinada a mantener los Consejos municipales (podrá recurrirse a créditos internacionales brindados por organismos de financiamiento internacional tales como el BID).

VI. CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Serán cuatro: Norte; Sur; Oeste; Este. La legislación de creación de estos Consejos deberá ser provincial.

VII. Ambos Consejos, deben ser presentados como instancias autónomas de fiscalización del Poder Público (representado por la Policía y la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social), por ello, deberán contar con una representativa participación civil dentro de la comunidad. Cualquier intención de vincular políticamente a los Consejos con los gobiernos (municipales o provincial) debe ser inmediatamente rechazada.

VIII. CREACIÓN DE UN CENTRO UNIFICADO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA. Dicho organismo, deberá depender jerárquicamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del Gobierno Provincial, y servirá para interconectar los datos de los diferentes municipios en cuanto a violencia y criminalidad, con el objetivo de elaborar diagnósticos luego de identificar problemas de seguridad pública en cada municipio y formular propuestas de solución por medio de la implementación de las políticas públicas adecuadas. Es de mucha importancia la divulgación de estos datos entre la comunidad municipal, para que los ciudadanos tengan conciencia acerca de la dinámica que adopta la violencia en su municipio y para que al estar informados acerca de la naturaleza e incidencia de los delitos, puedan tomar precauciones y pensar en iniciativas públicas e integradas.

IX. Utilización del sistema 911 de manera coordinada con el Centro de Investigación y Estadísticas sobre Seguridad Pública.

X. FINANCIACIÓN. “Programa para mejoras de la Gestión Municipal”. Operatoria N° 1855/OC-AR Banco Interamericano de Desarrollo (BID).